El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha aplazado a febrero la toma de declaración a las viudas de dos trabajadores de Metro de Madrid fallecidos a causa del amianto y de otros dos afectados tras solicitarlo la defensa de los responsables de la empresa denunciados por la Fiscalía.
Así lo ha anunciado este lunes la abogada del Sindicato de Maquinistas, Adriana Sobrino, que ha calificado de "estrategia de la defensa" la petición en declaraciones a los medios a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se han concentrado desde primera hora sindicalistas de CCOO y Solidaridad Obrera.
Sobrino considera esta táctica "respetable", aunque ha criticado la decisión de la juez en favor de la "falta de acceso a las actuaciones" porque, según ha dicho, el proceso "se está dilatando de una forma vergonzosa y la gente se está muriendo".
"Hablamos de la vida de personas, hay que tener corazón, ser letrados a la vez que seres humanos", ha apostillado.
Aplazamiento
La juez ha decidido posponer al próximo año las declaraciones de los perjudicados, una decisión que ya aplicó a los encargados de salud y riesgos laborales denunciados por la Fiscalía, cuyas citaciones, previstas para este mes, se celebrarán en marzo.
El Ministerio Público pide que se les investigue por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones, pues considera que ocultaron a los empleados la exposición al amianto sin advertirles del peligro que conllevaba ni facilitarles la ropa de trabajo adecuada.
Para Eugenia Martín, esposa de uno de los fallecidos por una enfermedad derivada del amianto y una de las personas que iba a declarar este lunes, la comparecencia de los empleados afectados puede servir para que los responsables "paguen por lo que han hecho".
El caso de su marido refleja, a su juicio, la desatención de Metro por los trabajadores, ya que él estuvo expuesto al amianto desde que comenzara a trabajar en el suburbano en la década de 1980.
"Lo que quiero es sobre todo justicia, que se depuren responsabilidades", ha reclamado la mujer de Julián Martín, que murió en octubre del año pasado.
Tras conocer la decisión de la juez, la mujer ha dicho que espera que "se haga lo más rápido posible, que acabe y se haga justicia".
El presidente del comité de empresa de Metro, Francisco Javier del Llano, se ha mostrado con esperanzas de que este proceso sirva para "sentar un precedente" de cara a conseguir el apoyo del Consorcio Regional de Transportes y de la Comunidad de Madrid.
Del Llano ha vuelto ha pedir el ingreso de Metro en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) con el objetivo de que la propia empresa asuma la retirada de la maquinaria contaminada sin necesidad de una licitación exterior a fin de evitar que los trenes permanezcan parados en los depósitos.
"A fecha de hoy, pasando lo que está pasando, Metro no nos quiere", se ha lamentado Del Llano, que ha criticado los "oídos sordos" de la Administración regional pese a la gravedad de una situación que sigue en aumento, como demuestra el positivo en amianto que dio en fechas recientes otra cabina de tren.
Ha denunciado también que 4.000 trabajadores -más de la mitad- "siguen expuestos" al amianto en las instalaciones.
Actualmente, son cuatro los casos de trabajadores de Metro de Madrid con una enfermedad profesional por exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han fallecido, y uno más del colectivo de maquinistas que ha sido reconocido por la Seguridad Social por estar jubilado y no tener ningún vínculo con Metro de Madrid.
El amianto es una materia prima de origen mineral cuyas fibras pueden liberarse al aire cuando se manipulan materiales que lo contienen
Una orden que entró en vigor el 14 de junio de 2002 prohibió la producción, comercialización y utilización de todas las variedades de amianto en España sin perjuicio del uso de productos ya instalados o en servicio antes de dicha fecha, que seguían estando permitidos hasta su eliminación o hasta el fin de su vida útil.
