El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tachado de nula de pleno derecho su causa judicial por no retirar lazos de edificios públicos, porque considera que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias, pero está dispuesto a pagar "el precio que haga falta".
Lo ha dicho este jueves en una declaración institucional en la Generalitat, tras declarar ante el TSJC como investigado por una querella de Fiscalía por presunta desobediencia a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos y pancartas en la campaña de las generales.
Torra ha argumentado que quien debía decidir es la Junta Electoral Provincial (JEP), que asegura que es la competente en estos casos, y ha sostenido que los denunciantes recurrieron a la JEC porque hay "miembros afines al PP que se han expresado en contra del independentismo y de candidatos independentistas" a las elecciones. "Es manifiesto que la JEC actúa con parcialidad manifiesta y con una clara intencionalidad política cuando se trata de independentismo", y ha añadido a dos miembros de la JEC --Andrés Betancor y Carlos Vidal, que en artículos y en las redes sociales se habían posicionado contra el independentismo-- como motivo por el que PP y CS dirigieran sus querellas a la JEC y no a la JEP.
"Desde ayer se encuentran querellados por prevaricación en la resolución con la que intentaron excluir al presidente Puigdemont y a los consellers Comín y Ponsatí de las elecciones europeas", ha afirmado. Así, el presidente ha narrado cómo ha declarado ante el juez que "el acuerdo de la JEC sobre el que se sustenta la querella de la Fiscalía es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es un órgano competente para dictar aquella resolución".
Como considera que la resolución sobre los lazos la dictó un órgano incompetente, afirma que no se puede construir acusación penal alguna: "No deja de sorprender que la Fiscalía, responsable de velar por el cumplimiento de la legalidad, no se diera cuenta de la ilegalidad manifiesta de aquella resolución". "La regresión democrática, la deriva autoritaria, la vulneración de los derechos fundamentales del Estado español son una de las motivaciones más grandes que tenemos todos los independentista para construir un futuro en libertad con la república", ha defendido.
Y ha dicho que los catalanes no pueden conformarse con eso, sino que hay que "combatir la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúa" buena parte de organismos, instituciones y aparatos del Estado. "En defensa de los derechos civiles y las libertades democráticas como la libertad de expresión, me encontraréis en primera línea hasta las últimas consecuencias", ha reiterado.
Cree que el presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de derechos y libertades: "Y si la democracia española no aguanta esta defensa, pagaré el precio que haga falta". Ante quienes afirman que es un problema suyo, ha replicado que "se equivocan, porque Catalunya es una nación que ama la libertad, que respeta los derechos humanos, que se ha ganado a pulso una existencia que le ha sido negada, una nación que no se deja vencer en su voluntad de ser". "No he ido a defenderme, he ido a defender los derechos del pueblo de Catalunya. Estaré siempre al servicio de Catalunya, de la democracia y de la libertad", ha añadido. También explicado que en su declaración de este jueves no ha contestado a los letrados de Vox, "por decencia democrática", y ha añadido que los letrados de Vox son candidatos al Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho.
Preguntado por si el juez le ha pedido que no revelase el contenido de la declaración hasta pasadas las elecciones y si su declaración de este jueves puede traer consecuencias, ha dicho que el juez ha entendido que él tiene "el deber de informar a la ciudadanía" y sabe que iba a hacer esta declaración oficial posterior a la declaración judicial.
