Torrent exige que se investigue su espionaje y se depuren responsabilidades

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado este martes que llevará a cabo "todas las acciones políticas y legales que sean necesarias" después de trascender que ha sido víctima de un caso de espionaje a través de un software instalado en su móvil al que solo tienen acceso gobiernos y cuerpos de seguridad.

"Llegaremos hasta el final para se aclare todo. Llegaremos hasta el final para que se aclare la verdad. Llegaremos hasta el final para que se aclare este caso", ha expresado en una declaración institucional tras conocerse esta información adelantada por El País y The Guardian, y confirmada por Europa Press.

Para el presidente de la Cámara catalana este caso demuestra que en el Estado español "se practica el espionaje contra los adversarios políticos" algo que, según su criterio, es impropio de una democracia, por lo que ha llamado al conjunto de los demócratas a preocuparse por ello y al Gobierno a depurar responsabilidades.

Torrent ha recordado que desde la institución han reiterado que en España se persigue la disidencia política y ha subrayado que su antecesora, Carme Forcadell, --como otros políticos independentistas -- está en la cárcel "por permitir a los catalanes decidir su futuro". Por eso, en alocución al Ejecutivo central ha preguntado: "¿Qué opinión tiene sobre este caso de espionaje político? ¿Qué opina de que un presidente de un parlamento sea espiado?".

Para Torrent si el Gobierno central tenía conocimiento de estos hechos, sería cómplice; de lo contrario, demostraría un síntoma "muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales".

Ha explicado que el software aprovechó una vulneración de Whatsapp para acceder a 1.400 móviles entre abril y mayo de 2019, en un centenar de los cuales se hicieron investigaciones "abusivas y por motivaciones políticas" a líderes sociales, abogados, activistas, periodistas o políticos, como la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y el miembro de la ANC Jordi Domingo.

Ha alertado de que el hecho de que se hayan escuchado y registrado conversaciones con otros líderes políticos, sindicales económicos, compañeros de partido o representantes internacionales, "pone en riesgo" sus derechos fundamentales. Torrent ha criticado que con este caso se ha vulnerado su privacidad, su derecho al secreto de las comunicaciones y su derecho a desarrollar un proyecto político "sin intromisiones ilegítimas": el software permitía escuchar conversaciones de móvil o presenciales siempre que el teléfono estuviera cerca y permitía tener acceso a las imágenes y servicios de mensajería. "Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran", ha añadido.

Ha instado a poner fin a "la guerra sucia contra el independentismo", además de no criminalizar un movimiento que ha calificado de pacífico y democrático.

María Jesús Montero anima a Torrent a denunciar el hackeo de su móvil

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el Ejecutivo no tiene constancia de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya sido víctima de un hackeo y le ha animado a poner la supuesta intervención de su móvil en conocimiento de la autoridad judicial para que se investigue. Montero ha señalado que corresponde a la autoridad judicial investigar si ese hackeo se ha producido y en qué circunstancias y ha recordado que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial.

Ha respondido así al ser preguntada por la investigación realizada por El País y The Guardian, que indica que el móvil de Torrent fue atacado con en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo.