La denuncia de un ciudadano chino permite desarticular una red de trata de mujeres en Zaragoza y Bilbao

La denuncia de un ciudadano chino ha permitido desarticular una red de trata de mujeres originarias de este país asiático que se había asentado en Zaragoza y Bilbao, y buscaba expandirse a Madrid.

En total, se han practicado 63 detenciones, una de ellas en el madrileño barrio de Usera, de esta organización liderada en España por una mujer con antecedentes policiales, ingresando en prisión provisional junto a otra arrestada. La red captaba a mujeres de en torno a 40 años de edad --cinco han sido liberadas, aunque la investigación sigue abierta-- en situación de vulnerabilidad en China para que viajaran a España con la falsa promesa de que aquí tendrían una mejor vida, aunque en realidad eran sometidas como "mercancía" 24 horas en condiciones infrahumanas con fines de explotación sexual, según ha explicado el comisario Carlos Rio-Miranda Iglesias, jefe de la Brigada Central de Trata de la UCRIF.

El entramado criminal estaba estructurado en dos ramas diferenciadas y coordinadas entre sí para mantener a las mujeres --unas dos o tres por cada piso alquilado-- en habitaciones insalubres, sin medidas de protección, agravado todo por la COVID. Cada mujer inmigrante pagaba entre 8.000 y 10.000 euros, en un negocio ilícito que habría reportado a la organización unos cinco millones de euros en beneficio.

En una rueda de prensa desde el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, los responsables de la investigación de Zaragoza, Bilbao y los de la UCRIF Central han puesto en valor la importancia de la primera denuncia de un ciudadano chino, del que no han dado más detalles porque es un testigo protegido --aunque sí han dicho que no era cliente de la red de prostitución--, recabada gracias a la publicidad sobre la necesidad de denunciar este tipo de delitos en los teléfonos institucionales.

La Operación Goliat-Boga ha constatado que la rama zaragozana captaba a las mujeres para su explotación sexual en pisos y la vizcaína facilitaba la documentación con contratos de trabajo y empadronamientos fraudulentos, todo bajo la supervisión de una mujer china que reside de forma legal en España desde hace 15 años y que ya había sido detenida con anterioridad por hechos similares en Barcelona.

De los 63 detenidos, todos chinos excepto dos españoles y un pakistaní, 50 se han practicado en Bilbao, 13 en Zaragoza y uno en Madrid. En esta tercera ciudad ya habían conseguido un piso desde el que querían extender la red de explotación sexual. En los registros se han intervenido 115.000 euros en efectivo y sustancias estupefacientes.