El Tribunal de Cuentas da 48 horas más de plazo para los avales de los políticos independentistas
La Generalitat no ve "ningún motivo" para que el Tribunal de Cuentas deniegue el aval del Instituto Catalán de Finanzas
El Tribunal de Cuentas ha concedido un plazo improrrogable de dos días a los ex altos cargos de la Generalitat para que presenten efectivamente los avales que les reclama antes de iniciar el procedimiento de embargo de sus bienes.
Según han informado fuentes del organismo fiscalizador, la delegada instructora ha estado analizando la documentación recibida hasta ahora y, al considerar que los escritos presentados constituyen un mero anuncio, pero no han sido acompañados de los avales, ha comunicado a los representantes legales ese plazo improrrogable de dos días para la presentación de los mismos.
En la comunicación, la instructora les advierte de que si los avales se han recibido en 48 horas se procederá, conforme al artículo 47.1 g) del a Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables.
Según han indicado a EFE fuentes jurídicas de los encausados, la treintena de encausados por el Tribunal de Cuentas que se acogieron al fondo del Govern han presentado este jueves por vía telemática los avales del Institut Català de Finances (ICF), que han recibido en la mañana de este jueves, y han enviado la documentación original en papel por mensajería urgente.
Esta misma mañana los ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por la promoción del "procés" en el extranjero han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern.
La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha asegurado este jueves que no ve "ningún motivo" para que Tribunal de Cuentas deniegue el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que han presentado 29 de los 34 líderes independentistas a los que el tribunal reclama una fianza por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017."Es un decreto sólido jurídicamente", ha reivindicado Plaja en rueda de prensa.
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