El Tribunal Superior de Cataluña prohíbe identificar a los alumnos de selectividad en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que se entreguen las pruebas de selectividad en castellano, catalán y aranés en la convocatoria extraordinaria de septiembre sin que se identifique a los alumnos ni se anote cuál es la opción elegida.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección quinta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad así lo ha remarcado al considerar que la Generalitat no cumplió correctamente en junio con las medidas cautelares dictadas a raíz de una demanda presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que obligaba a repartir los exámenes en las tres lenguas cooficiales de Cataluña "sin preferencia por ninguna de ellas".

Lo concluye después de haber analizado el informe que requirió a la Generalitat para conocer el grado de cumplimiento de la resolución que dictó ordenando que no se diferenciara a los alumnos en función del idioma que escogieran para realizar las pruebas.

Tras estudiar el informe, el alto tribunal catalán ha requerido a la presidenta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, y al secretario del organismo, Josep Ribas, para que impartan instrucciones concretas a los presidentes de los tribunales de las pruebas de la convocatoria de septiembre con el fin de que no se identifique a los alumnos "cualquiera que haya sido su opción lingüística", ni tampoco se anote la elegida.

También ordena que se ofrezca a los profesores vigilantes, vocales o presidentes los enunciados en cualquiera de las lenguas cooficiales de Cataluña, "sin preferencia por ninguna de ellas", ya que -subraya la sala- "ésta corresponde a los alumnos para el mejor desenvolvimiento de sus ejercicios".

Instrucciones para garantizar el anonimato del derecho de opción

El TSJC prohíbe de esta forma a los tribunales de la selectividad que anoten "nombre y apellidos" de los estudiantes en función del idioma que escojan o que les "exijan cualquier acto de manifestación en el aula" al respecto y los insta a entregar los enunciados "sin que el resto de alumnos tengan que conocer cómo ejerce su derecho el examinado, es decir, el ejercicio de su libertad de opción".

En su auto, la sala considera que el correo electrónico que se envió a todos los matriculados en la convocatoria ordinaria de junio informándoles de que podían solicitar los exámenes en cualquiera de las tres lenguas cooficiales fue "insuficiente para dar cumplimiento al derecho del alumnado" de no desvelar su preferencia, por lo que, a su entender, no se garantizó el "anonimato" necesario.

"No se han dictado instrucciones para garantizar el anonimato del derecho de opción que, insistimos, corresponde al alumno sin tener que significarse ante evaluadores, y no a la administración, que debe ser neutral en un acto tan decisivo para el futuro de los estudiantes, como es la realización de las PAU eligiendo los enunciados y/o contestando en el idioma que consideren más adecuado, a salvo de las pruebas específicas de lengua y literatura", recalca.

De acuerdo con la AEB, el TSJC también ha desestimado la petición del Consejo Interuniversitario de Cataluña para que se expulse de la causa a la entidad y ha admitido la personación de la Asociación Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L'Esbarzer y de las Universidades de Barcelona, Girona y la Politècnica de Catalunya.

De hecho, el pasado julio el TSJC decidió que en la convocatoria de septiembre se mantendría la obligación de ofrecer los exámenes de la selectividad en las tres lenguas, un extremo por el que también se decantó la Fiscalía, para la cual otorgar al castellano y el aranés un carácter residual en relación con el catalán vulnera el Estatut y la doctrina constitucional.

Esta obligación llevó a Geis a acusar al TSJC de "interferir" en la selectividad y estableció que las pruebas se desarrollarían igual que en los últimos años: los exámenes se repartieron en catalán y se entregaron en castellano solo a los alumnos que así lo solicitaron.

Por eso, la AEB denunció al Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) ante el propio TSJC por incumplir las medidas cautelares dictadas y lo instó a aclarar las condiciones de los exámenes de septiembre.

Tras conocer la decisión judicial, fuentes de la secretaría de Universidades e Investigación han señalado a Efe que están estudiando la notificación y han precisado que cumplirán "con el derecho de elección de los estudiantes y la no identificación por la lengua que escojan para hacer las pruebas", tal como -han apostillado- "han hecho siempre".