Un juez pide al TSJM que investigue la filtración de datos del novio de Ayuso contra la opinión de la Fiscalía

El magistrado Jaime Serret, que instruye la investigación sobre la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por la filtración de datos sobre la investigación por presunto delito fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cree que hay indicios de delito en estos hechos y pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que los investigue.

Serret entiende que hay “indicios” de delito pero considera que los hechos afectan a dos fiscales, que tienen la condición de aforados, y por tanto remite exposición razonada al TSJM para que se haga cargo de la investigación.

La Fiscalía provincial de Madrid instó hace pocos días el archivo de la causa dirigida contra su máxima responsable, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de la investigación del caso que afecta al novio de Ayuso, Julián Salto. Este caso ha generado fricciones dentro del Ministerio Fiscal, por lo que será la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo la que debata y fije la posición final en este caso.

La Fiscalía de Madrid hizo público un comunicado de prensa en el que daba cuenta de los correos cruzados entre el abogado de Alberto González y el fiscal Julián Salto sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad por la comisión de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, que el letrado del novio de Ayuso asumía como ciertos.

REUNIDA LA JUNTA DE FISCALES

La Junta de Fiscales de Sala que se reúne este miércoles para debatir sobre si hay que investigar a dos compañeros por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa sobre la investigación por fraude fiscal a Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se suspende hasta las 15.00 horas.

Según han precisado fuentes fiscales a Europa Press, el cónclave, que comenzó a las 9.30 horas, se ha suspendido porque la Junta ya tenía previsto un acto de despedida al fiscal de Sala José Luis Bueren por su jubilación.

La cúpula del Ministerio Público ha llegado a la sede la Fiscalía General del Estado dividida por el enfrentamiento entre la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal a cargo de la querella, María de la O Silva.

El desacuerdo parte de que Silva --que debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si está a favor o en contra de admitir la querella-- quería investigar las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa; mientras que Sánchez Conde defiende que lo pertinente era archivar la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los mismos hechos.

Las fuentes consultadas apuntan que el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos, por lo no ha estado presente en la reunión de este miércoles. Tampoco han asistido el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús José Tirado, que han excusado su presencia.

Así las cosas, se han sentado 32 fiscales de Sala en la mesa, de los que 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra.

Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los 9 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix; Silva necesita convencer a 8 de ellos para hacerse con la mayoría.

SÁNCHEZ CONDE, A FAVOR DEL ARCHIVO

Según explican las fuentes fiscales consultadas, Sánchez Conde ha sido la primera en tomar la palabra y ha defendido que se debe archivar la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso contra los fiscales del caso por presunta revelación de secretos, no solo porque entiende que no hay indicios de delito, sino porque la Fiscalía ya se pronunció en este sentido el pasado 9 de abril sobre la querella del ICAM por los mismos hechos, por lo que aboga por mantener la unidad de criterio.

Cabe recordar que la Fiscalía de Madrid, al mostrarse en contra de la admisión de la querella del ICAM, defendió la "legitimidad constitucional" del comunicado de prensa difundido y aseguró que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones "inveraces".

Sánchez Conde ya trasladó estos argumentos --de forma verbal-- a Silva, que proponía que se practicasen diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al TSJ de Madrid, donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados.

La segunda en tomar la palabra este miércoles ha sido Silva. Posteriormente le han seguido el resto de fiscales presentes en la junta. De momento, no se ha adoptado una decisión y está previsto que el debate se retome a partir de las 15.00 horas.

Con todo, las fuentes consultadas recuerdan que la junta --que se celebra a puerta cerrada-- tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión de archivar o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría.

EL COMUNICADO DE PRENSA

El pasado 15 de abril, el fiscal general del Estado asumió la "responsabilidad última" de la nota de prensa difundida el 14 de marzo a la que hace referencia la querella de la pareja de Díaz Ayuso.

García Ortiz aseguró que no iba a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".

"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", señaló en una declaración institucional, en la que insistió en que no podía considerarse "infringido el deber de reserva" porque el objeto de la comunicación era "de dominio público fruto de indeseables filtraciones".