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La Audiencia Nacional investiga, a raíz de una querella de Anticorrupción, a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García y las adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión.

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El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El importe alcanzó los 20 millones de euros.

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Las miradas se han dirigido este lunes a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que hizo esa afirmación en relación a las sospechas que se cernían sobre José Luis Ábalos al descubrirse la trama corrupta.

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Según la información del diario ABC, Montero conocía las irregularidades de la trama Koldo desde 2022.

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Fue entonces cuando una auditoría de Hacienda a Puertos del Estado destapó la mediación de Transportes en la adjudicación de la empresa investigada.

Pero el ministerio de Montero no investigó nada a pesar de que el informe advertía de varios incumplimientos.