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Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid han dejado clara su postura sobre la petición de la Comunidad para que se declare la emergencia migratoria en la región. La izquierda de la cámara lo critica al considerar que esto alimenta a los ultras. Vox pide a Ayuso política de hechos consumados y el PP lo justifica ante la actitud del gobierno de Pedro Sánchez.

Para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, para quien el Ejecutivo regional es una "estafa" porque Ayuso "dice una cosa y hace otra". "Ayuso no quiere hacer oposición de verdad a Sánchez", ha asegurado y la acusa de "poner el dinero", por ejemplo, para adecuar el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, para acoger a menores extranjeros no acompañados.

Vox ha tachado de "estafa" al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. "Que deje de engañar. No puede seguir victimizándose con que le mandan inmigración ilegal si luego la que pone el dinero es ella".

La Comunidad de Madrid reinicia las obras del centro de menores de La Cantueña, Fuenlabrada

El secretario general del PSOE-M y portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato aseguraba que "alimentar a los ultras y hacer suya la propuesta de los ultras es un absoluto disparate para la sociedad española en general. Es muy negativo, pero también para el futuro del PP".

Para su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, considera que en este período de sesiones ha reflejado la "esencia del peor PP de España". Ha afirmado que se ha mostrado que la Real Casa de Correos es el "epicentro del bullying político" mientras en la Asamblea se "legisla únicamente para recortar derechos e imponer mordazas".

La Comunidad de Madrid pide al gobierno central que declare la emergencia migratoria

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que lo que reclama la Comunidad de Madrid es que nos den los recursos necesarios. "Tenemos el doble de menores no acompañados que han llegado aquí". El portavoz popular también se queja de que el Gobierno de España esté trayendo personas sin comunicarlo a las instituciones afectadas.