El acoso callejero será considerado delito en la nueva ley de libertad sexual

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley de libertad sexual después de casi tres semanas a debate por las diferencias entre el PSOE y Podemos. Unos roces que han obligado al ministerio de Igualdad a corregir la futura norma para evitar invadir competencias autonómicas y el choque con normas vigentes.

El anteproyecto de la ley de libertad sexual tiene como uno de sus objetivos acabar con la distinción entre abuso y violación, y castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, incluido el acoso callejero, con penas de 1 a 4 años.

No habrá consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos su voluntad expresa. “Toda penetración sin consentimiento será considerada violación, como establece el Convenio de Estambul” explica la ministra de Igualdad en rueda de prensa tras el Consejo. “Es la Ley del sólo Si es Si, la Ley del Movimiento Feminista”.

Desde el PSOE advierten que van todos a una. Montero prometió la ley para antes del 8-M y las prisas han provocado los primeros roces en la coalición. Vicepresidencia y Justicia han tenido que intervenir contra reloj para corregir contradicciones y problemas de encaje legal.

La propuesta de Montero invadía competencias autonómicas o chocaba con normas vigentes, como la Ley de Protección de la Infancia. Igualdad quería dirigir su Ley también a las jóvenes de 16 a 18 años. Además fijaba que fueran los juzgados especializados los que asumiesen los casos, algo que no comparte Justicia.

Pero el punto más polémico atiende a la reforma del código penal. Figuraban rebajas de prisión para los agresores sexuales, una contradicción ya corregida.

La norma castigará las violaciones con penas de 4 a 10 años, que llegarán hasta los 12 con una agravante y hasta los 15 con 2.

Se introduce además la agravante de que la violación haya sido precedida o acompañada de violencia y se incrementará la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor .

Desde la oposición hablan de chapuza jurídica, política y de todo orden. La nueva ley aún tiene un largo camino que recorrer. El ejecutivo calcula que pasarán 5 o 6 meses hasta que la norma inicie su tramitación.