El calvario judicial de menores víctimas de abusos sexuales: declaran 4 veces

El sistema judicial falla a la hora de proteger a los niños víctimas de abusos sexuales, que sufren un ‘calvario’ cuando deciden denunciar: son obligados a declarar hasta cuatro veces lo que les ha ocurrido y algunos procesos superan los cinco años de duración, según denuncia Save the Children.

Con motivo del Día Universal de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, la organización ha presentado este jueves el informe "Los abusos sexuales hacia la infancia en España", que analiza 394 sentencias judiciales de casos de abusos sexuales cometidos hacia menores entre 2019 y 2020 en España.

Se estima que entre 800.000 y 1.600.000 niños en España han sufrido abusos sexuales

"Es un problema invisibilizado y desatendido desde el ámbito político, institucional y judicial", ha alertado el presidente de Save the Children, Andrés Conde, en la presentación del informe, en la que ha subrayado que, pese a parecer un fenómeno "marginal", se estima que entre 800.000 y 1.600.000 niños en España han sufrido abusos sexuales.

El estudio determina que un 44,7 % de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños comienzan a sufrir abusos es a los 11 años y medio. En el 78,9 % de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes.

Del análisis de las sentencias se concluye que el 84 % de los agresores son familiares o conocidos, en mayor o menor grado, por los niños, y que en casi la mitad de los casos (49,5 %) los abusos se producen en el entorno familiar y la figura del padre o pareja de la madre es la más frecuente.

La edad media en la que los niños comienzan a sufrir abusos es a los 11 años y medio.

Según los datos del Ministerio del Interior, la mitad de las denuncias recibidas el año pasado por abusos y agresiones sexuales tiene como víctima a un menor: en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños.

"Estos datos son sólo la punta del iceberg. Estimamos que sólo el 15 % de los casos de abuso sexual llega a denunciarse", ha recalcado Conde, que ha lamentado que el "calvario de vicisitudes" que comienza cuando se denuncia un caso de abuso sexual.

Los niños han de pasar por múltiples entrevistas y narrar ante distintos profesionales su "dolorosa y traumática" experiencia, con lo que reviven el abuso y "perjudica" a la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones.

Sólo el 15 % de los casos de abuso sexual llega a denunciarse"

En la mayoría de los casos, el proceso empieza en dependencias policiales o de la Guardia Civil y continúa con pruebas periciales y una exploración por la Fiscalía y/o en el juicio, lo que supone que declaran hasta cuatro veces, ha explicado Conde, que ha recordado que la duración de los procesos ha mejorado respecto a años anteriores.

Un 63 % de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años, si bien sigue habiendo procesos que se alargan 5 años.

Además, en casi de 8 de cada 10 casos no se grabó el testimonio del niño -la llamada prueba preconstituida- para evitar así que tengan que acudir en persona al juicio y revivir el trauma.

"El sistema todavía adolece de graves carencias: la mayoría de profesionales del ámbito jurídico todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y queda mucho por avanzar en la creación de espacios amigables para que los niños puedan prestar su testimonio de forma respetuosa", ha añadido Conde.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, ha valorado la nueva ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), que contempla la especialización de la justicia: "tenemos mimbres para hacerla efectiva", ha reconocido.

Desde la ONG consideran urgente que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia

No obstante, desde la ONG consideran urgente que se establezcan estructuras judiciales y fiscales especializadas en esta materia y que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan niños víctimas, distinta a la Fiscalía de menores (protección y menores infractores).