Con el nuevo 'catastrazo' tributaremos más por los inmuebles adquiridos a partir del 2022
En enero de 2022 se empezará a aplicar la reforma que incrementa las bases de cotización de los inmuebles. En la práctica esto supone que las viviendas tendrán que pagar más por el impuesto de sucesiones y donaciones, patrimonio y transmisiones patrimoniales. De momento, el cambio no afecta al IBI porque este tributo se sigue calculando en función del valor catastral y no del valor real del inmueble.
Pero son cambios tributarios con consecuencias en el valor de los inmuebles. A partir del 1 de enero del 2022 si recibimos un piso en herencia o vendemos una casa de segunda mano pagaremos los Impuestos de sucesiones , donaciones y Transmisiones Patrimoniales en función del valor de mercado, no del valor real como hasta ahora establecían las CCAA.
“Era el valor que consignaba el contribuyente y que podía ser comprobado por la administración económica correspondiente de no estar de acuerdo con el mismo. Esto producía enorme litigiosidad”, afirma Carlos Cruzado, presidente de Gestha.
Este nuevo valor de referencia lo establece el Catastro teniendo en cuenta la información que le proporcionan los notarios y registradores de la propiedad. “Se determina en función de los precios medios de venta de la zona y en función de una serie de circunstancias como la calle o la localización”, señala Rubén Jimeno, del colegio de Economistas y Asesores Fiscales.
Más recaudación para Hacienda
En la práctica puede producirse un aumento del coste de las operaciones para los contribuyentes ya que se actualizan los valores de los inmuebles. “Afectando, por lo tanto, al bolsillo de los contribuyentes, los cuales podrán verse obligados a tributar más por los inmuebles adquiridos a partir del 2022”, señala Javier Collado, profesor del CEF Udima.
La medida que no afecta al IBI puede aumentar la recaudación de Hacienda. “Esta tributación va a ser en la mayoría de los casos superior a la que hasta ahora se venía produciendo”, dice señala Carlos Cruzado. Y trata de reducir la litigiosidad actual.
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