El Gobierno tiene allanado el camino de los Presupuestos Generales del Estado tras haber aprobado el Congreso este jueves la senda de estabilidad presupuestaria hasta 2023, el paso previo para la tramitación de las cuentas que ha salido adelante gracias a la abstención de Esquerra.
Un día después de constituirse en la Moncloa la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la principal condición que puso ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, la abstención de este partido ha hecho posible la aprobación de la senda de déficit.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ayer tras la mesa de diálogo insistía en que muchos de los acuerdos que se pueden alcanzar con Cataluña necesitan de unos presupuestos para ser realidad, ha celebrado este mediodía el "paso importante" que se da hoy, y ha dicho que espera tener las cuentas aprobadas "a lo largo del verano" para poner fin a la prórroga de las cuentas de 2018.
La votación de este jueves se ha saldado con 168 votos a favor -PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias-Coalición Canarias, PRC, Compromís y Teruel Existe-, 150 votos en contra -PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias- y 19 abstenciones -ERC, EH Bildu y BNG-.
La aprobación de los objetivos de déficit y deuda para 2020 y la senda para el periodo 2021-2023 -que va acompañada del límite de gasto no financiero para 2020, aunque no es objeto de votación- ha sido posible gracias a las abstenciones de ERC y EH Bildu, anunciadas en el último momento.
ERC ha defendido que con su abstención quiere dar "margen de confianza" al Gobierno "para que el diálogo y la negociación puedan avanzar" en Cataluña tras reconocer que por el momento el Ejecutivo "está cumpliendo" con sus compromisos, según ha dicho el diputado de este partido Joan Margall.
Junts per Catalunya, en cambio, ha votado en contra al criticar que el Gobierno debería entregar a Cataluña los 443 millones de euros que consideran pendientes derivados de la modificación del sistema de liquidación del IVA en 2017, según ha dicho Ferrán Bel.
EH Bildu se ha decantado finalmente por la abstención después de que Montero anunciara que permitirá a los ayuntamientos con superávit realizar más inversiones financieramente sostenibles -aquellas que pueden hacerse sin computar para la regla de gasto- y dedicarlas a conceptos que hasta ahora no se permitían como la lucha contra la despoblación o el fomento del empleo.
La ministra también ha mostrado su intención de modificar la metodología de cálculo de la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una determinada referencia ligada al crecimiento- para dar mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos como habían reclamado EH Bildu, ERC, Compromís o Más País, un anuncio que ha sido recibido con aplausos.
La propuesta del Gobierno supone relajar la senda de corrección del déficit público hasta el 1,8 % del PIB en 2020, el 1,5 % en 2021, el 1,2 % en 2022 y el 0,9 % en 2023, lo que según la ministra beneficiará especialmente a comunidades autónomas y Seguridad Social.
De esta manera, ha argumentado Montero, los objetivos de déficit se adaptan a la realidad "económica, social y política" del país, tras calificar la senda vigente -que prevé superávit en 2021- de "irreal" desde que se aprobó.
La senda de estabilidad continuará ahora su tramitación en el Senado, que tiene capacidad de veto según recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Junto con la senda de estabilidad, Montero ha expuesto el límite de gasto no financiero para 2020 -de 127.609 millones de euros, un 3,8 % superior al recogido en el fallido proyecto presupuestario de 2019- que no se somete a votación y que constituye el paso previo a la elaboración del Presupuesto de este año.
PP, Ciudadanos y Vox han afeado al Gobierno este aumento del límite de gasto no financiero al considerar que supondrá un aumento del gasto que perjudicará a la economía.
