Diez años después, comienza el juicio a los controladores aéreos por la huelga de 2010

El juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid ha rechazado aplazar el juicio contra 133 controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga de diciembre de 2010, tras rechazar que deban incluirse las grabaciones hechas por Enaire durante los días que se prolongó el conflicto.

Entre las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio, este miércoles, de la vista oral, se encontraba la petición por parte de catorce de los acusados, los que no han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, para que se difundan las conversaciones grabadas por Enaire durante la huelga que se llevó a cabo entre el 3 y 4 de diciembre de 2010, y que llevó al cierre del espacio aéreo y afectó a 600.000 pasajeros.

Tras casi diez años de instrucción, ha dicho la magistrada Margarita Valcarce, "no es ahora el momento" de admitir estas grabaciones, cuya inclusión se solicitó hace apenas un mes.

De los 133 acusados, 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido los hechos, admitiendo multas de 30.000 euros y penas de cinco meses de cárcel para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados. Los catorce restantes, que no han llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, tienen de plazo para ello hasta el próximo día 29. Entre ellos figura el que fuera portavoz durante la huelga, César Cabo, que en principio está citado para el 29 de enero.

Antes del inicio de la sesión, un portavoz de USCA, Daniel Zamit, ha explicado que los controladores se enfrentan a "un juicio político, como fue político el cierre del espacio aéreo en 2010" y ha negado que la huelga de 2010 fuera "salvaje", y ha recordado que en "veinte juzgados de toda España los controladores han sido absueltos", con argumentos que "parece que en Madrid no valen".

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones con USCA del segundo convenio colectivo del sector.

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero de ese año el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999.

Después de varios meses de negociaciones infructuosas, se decretó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, una vez que los controladores abandonaron masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

El escrito de acusación recuerda que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.

El sábado 4 de diciembre, el Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, decretada,por primera en la historia de la democracia, el estado de alarma. El Ejercito asumía el control del espacio aéreo.

Pocas horas después AENA informaba de que los controladores habían comenzado a regresar a sus puestos de trabajo.

Fuentes aeroportuarias elevaron a 600.000 el número de pasajeros afectados. Las perdidas fueron millonarias