Los acusados por el espionaje en Madrid denuncian "advertencias" de políticos

La defensa de dos de los acusados de espiar a políticos del PP enfrentados con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha expuesto en el juicio contra ellos que han intentado sobornarlos y han recibido “advertencias” de políticos para “tener cuidado" con lo que declaran.

En concreto, esa acusación la ha hecho Ramón González, el abogado José Manuel Pinto Serrano y José Oreja Sánchez, dos de los funcionarios acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por el supuesto espionaje en 2008 al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros.

Se les juzga por malversación por el posible uso de fondos públicos para ese espionaje y entre los acusados se encuentran el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, ya condenado por el chivatazo a Francisco Granados de que se le investigaba en la trama Púnica.

Ramón González, que este lunes responsabilizó a Esperanza Aguirre, Ignacio González y a Francisco Granados de ordenar o permitir esos espionajes, ha asegurado que sus clientes recibieron intentos de soborno y “advertencias” de políticos por el contenido de su declaración, aunque no ha concretado sus acusaciones. También ha denunciado un “montaje y linchamiento mediático” contra los acusados.

El PSOE pide entre 2 y 4 años de cárcel

En la causa no acusa la Fiscalía, pero sí el PSOE y la propia Comunidad de Madrid. En el caso de los socialistas, su escrito de acusación sostiene que los procesados llevaron a cabo “el seguimiento de actividades privadas en numerosas oportunidades, alejándose de los trabajos públicos que tenían encomendados y que conocían perfectamente”.

Considera que mientras que tres de los acusados espiaban de manera directa a los políticos del PP, otro recopilaba las informaciones y las transcribía en partes destinados a personas que no se han podido identificar. Por su parte, Gamón –que junto a Castaño estaba “jerárquicamente por encima de todos los demás”- era quien daba las órdenes directas de realizar los seguimientos y filtraba las autorizaciones para el desplazamiento y disposición de medios materiales y humanos.

Se basa en los informes policiales sobre posicionamientos telefónicos y en los partes manuscritos como pruebas que acreditan que los acusados se encontraban en el mismo lugar y a la misma hora que los políticos supuestamente espiados.

Por todo esto, la acusación del PSOE considera a los acusados autores de un delito de malversación de caudales públicos. Pide para Gamón cuatro años de prisión y la inhabilitación total durante ocho años, para el exsubdirector general de Seguridad de la CAM Miguel Castaño Grande tres años de prisión e inhabilitación durante seis años y para el resto de los acusados dos años de cárcel.

La acusación de la Comunidad

Por otro lado, la acusación particular ejercida por la Comunidad de Madrid en su escrito de alegaciones previas ha considerado los hechos “un desvío del empleo legitimo de la Comunidad para su trabajo con perjuicio para la administración regional”. Por ello, pide para los acusados multas de hasta 18.000 euros y suspensión de cargo y empleo público de hasta tres años.

Las defensas de los acusados han sostenido que ninguno de ellos realizó actividades ajenas a las labores encomendadas como función publica de la Comunidad de Madrid. Además, las defensas han apuntado que fue la Comunidad de Madrid la que “usó agencias de detectives para espiar a políticos” afectados, no así los acusados que hoy se sientan en el banquillo.