Denuncian al Ayuntamiento de Madrid por la retirada del memorial de La Almudena

La Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO) ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas la retirada por parte del Ayuntamiento de Madrid de las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial del cementerio de la Almudena, y acusan al Consistorio de un posible delito de prevaricación.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, los memorialistas consideran que el Gobierno liderado por José Luis Martínez Almeida podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al paralizar este monumento, a falta de tres semanas para su finalización. "Han arrancado un trozo de democracia", aseguran.

El Gobierno municipal de Madrid ha procedido a retirar las placas del memorial con el que el anterior equipo de Manuela Carmena quería grabar los 2.934 nombres de los asesinados entre 1939 y 1944, entre los que hay chequistas, y cuyas obras se paralizaron tras la llegada de PP y ciudadanos al Consistorio por no dar cumplimiento a las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento frenó la instalación del memorial porque el monumento "no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado y era contrario a sus recomendaciones", han indicado a EFE fuentes municipales. Según subrayan, el Comisionado aconsejaba en su informe "honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista" para evitar, "en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros". También recomendaba, indican desde el Consistorio, la instalación de dos placas "de similar relevancia y visibilidad en memoria de ambos grupos de víctimas y que no figurasen nombres en la placa".

Tras su retirada, la organización memorialista ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el "desmantelamiento" del memorial cuyas obras de montaje, con un presupuesto de 210.00 euros, comenzaron en el pasado mes de mayo y ya se ha ejecutado el 80 % del proyecto.

La entidad ha remitido otro escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclaman un estudio de la responsabilidad contable del Ayuntamiento de Madrid, sobre el manejo de los fondos públicos en lo referido a este desmantelamiento.

Un solo monumento que abarque a todas las víctimas

El nuevo plan del Ayuntamiento de Madrid para el memorial es "unificar ese reconocimiento en un solo monumento que abarque a todas las víctimas que allí fueron fusiladas entre 1936 y 1944", quitando los nombres de las placas, señalan fuentes municipales. Además, precisan que el presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanful (PP), se reunió el 8 de octubre se reunió con Paca Sauquillo, presidenta del Comisionado, y otros antiguos miembros del órgano para mostrarles el nuevo proyecto.

Organizaciones de memorialistas han convocado este martes una concentración frente al Palacio de Cibeles para protestar por la decisión del Ayuntamiento de frenar el memorial, una actuación que han calificado es "barbaridad", ha indicado a los medios Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. "Es horrible que les hayan fusilado pero más que todavía les escupan", ha aseverado Rebollo.

Para el exedil de Ahora Madrid y responsable del proyecto del memorial, Mauricio Valiente, esta decisión del nuevo equipo de Gobierno municipal es "un insulto a las victimas del franquismo", y ha añadido que fue una iniciativa debatida "a fondo" y aprobada en el pleno del Ayuntamiento."Se está ofendiendo gravemente a la memoria de todas las victimas y de los que lucharon por la libertad en esta ciudad", ha manifestado Valiente, quien ha subrayado que "Madrid se merece ese memorial".

El diputado electo de Unidas Podemos Enrique Santiago ha criticado que el Ayuntamiento "revictimice a las víctimas de la dictadura" con su "actitud constante de negacionismo de la realidad histórica".

En esta línea, ha indicado que Unidas Podemos esperará a que se constituya el Congreso de los Diputados para que sea la Cámara baja quien insta a la Fiscalía "el inicio de actuaciones", y a los poderes públicos "a que requieran a todas las instituciones al cumplimiento de la ley de memoria historia".