Los inmigrantes llegaron a Granada con medios propios y con PCR, según la subdelegada del Gobierno

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, ha aclarado este miércoles que los inmigrantes llegados al aeropuerto de Granada se desplazaron en un avión comercial desde Canarias "con recursos propios" y que, a su llegada a España, ya se les hizo una prueba PCR de coronavirus.

"En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie a Granada", ha recalcado López, quien ha explicado que estos inmigrantes son "personas libres" tras haber pasado 72 horas por el correspondiente Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), y que ya tienen sus papeles en regla para poder moverse en el territorio nacional", ha concluido.

El Gobierno insiste en que no le consta que se hayan producido traslados. Así lo ha asegurado este miércoles la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las críticas de la Junta de Andalucía por la llegada "por sorpresa" y sin control de 200 inmigrantes a Granada o la denuncia del sindicato policial SUP relativa a que cientos de migrantes son reubicados sin PCR.

"Las personas que llegan de forma irregular a España por vía marítima son sometidos a PCR a las pocas horas de llegar a la costa", ha enfatizado la portavoz del Ejecutivo, que también ha rechazado las acusaciones de que se están produciendo traslados a la Península de inmigrantes de forma clandestina.

Montero ha recordado que estas reubicaciones de inmigrantes se autorizan de forma "concreta y puntual", priorizando los criterios de protección internacional y de pertenecer a colectivos vulnerables. "Son ubicaciones controladas y con todas las garantías sanitarias", ha insistido la portavoz del Ejecutivo que, en cualquier caso, ha apuntado, de que si existieran traslados sin autorización se abriría una investigación policial y judicial.

El Gobierno, en palabras de Montero, también rechaza las acusaciones de falta de transparencia de los ministerios de Interior y Migraciones al no ofrecer datos oficiales de traslados de inmigrantes a la Península desde Canarias. "Desconozco esos datos pero no tengo duda de la transparencia con que actúan Interior e Inclusión para dar una información con cautela y sin estigmatizar a ninguna persona", ha continuado Montero.

El PP ha registrado este miércoles en el Congreso una petición de comparecencia urgente del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique el traslado "con nocturnidad y alevosía" de migrantes desde Canarias hasta la Península. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de los 'populares' en la Cámara baja, Cuca Gamarra, quien ha criticado la "falta de transparencia" del Ejecutivo.

Gamarra ha señalado que esta situación demuestra que el Gobierno está llevando a cabo "traslados sin control" y "sin procedimiento de retorno" lo que, según ha recordado, es un incumplimiento de la directiva de retorno de la UE, cuya finalidad, ha explicado, es que los migrantes vuelvan al país de origen o de tránsito.

También ha declarado que esta medida del Ejecutivo "fomenta la inmigración irregular y descontrolada", una situación que, según ha señalado Gamarra, el propio Ministro del Interior señaló que "había que evitar".

También Vox ha registrado en el Congreso dos peticiones de comparecencia del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, para que expliquen el motivo de los traslados de migrantes de Canarias a Granada.

Espinosa de los Monteros ha criticado que el ministro haya puesto en marcha este procedimiento cuando, el pasado 20 de noviembre, aseguró que el Ejecutivo no iba a hacer traslados desde el archipiélago "para evitar que" Canarias "se convirtiera en la puerta de entrada a Europa". "Después de decir que no lo iban a hacer, es exactamente lo que han hecho", ha criticado.

Espinosa de los Monteros ha denunciado que, "más allá del efecto llamada" que, a su juicio, el Gobierno está generando con este tipo de actuaciones, "es especialmente grave" que en un momento en el que los españoles "tienen muy limitada su capacidad de movimientos", se "estén cometiendo imprudencias de esta categoría, si que haya garantías sanitarias".