La Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado suscribir un convenio para compartir información recopilada por las distintas instituciones que permita detectar, prevenir y mejorar la respuesta a los desahucios.
El acuerdo se ha alcanzado en una reunión convocada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha explicado que la finalidad de este convenio, que ya existe en términos similares en otras comunidades autónomas, es "que toda esa información compartida" permita a las administraciones actuar "de la mejor forma posible" ante los lanzamientos.
La "detección temprana" de este tipo de emergencias, ha apuntado Rodríguez Uribes, es clave para que los servicios sociales municipales o autonómicos puedan "dar una respuesta" y preparar "una alternativa habitacional" para las personas que van a perder su vivienda.
Mediante el convenio, cuya firma definitiva se producirá "próximamente", según el delegado, se establecerán "cauces" de información entre los jueces y la administración para que los primeros puedan decidir "con todo el conocimiento del caso" y la segunda esté prevenida ante la inminencia de un desahucio.
El papel de la Policía Nacional
Rodríguez Uribes ha aprovechado para reiterar su tesis de que, al ejecutar los lanzamientos, deben distinguirse aquellos que tengan un carácter delictivo, como el desalojo de "narcopisos" u "organizaciones criminales que ocultan trata de personas", de los "sociales", que a menudo cuentan con la presencia de niños, enfermos o ancianos.
En los primeros casos, sostiene Rodríguez Uribes, está justificada la intervención de la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero en los segundos, por una cuestión de "uso proporcionado de la fuerza", considera que "no tiene mucho sentido" que vayan "los antidisturbios".
Por ello, el delegado es partidario de que en los levantamientos con una "dimensión de alternativa habitacional" sean exclusivamente las policías municipales o el Samur-Emergencias Madrid quienes se encargaran del desalojo, aunque ha insistido en que este asunto "compete exclusivamente a los jueces", porque ante un desahucio las fuerzas de seguridad actúan "como policía judicial, no como policía gubernativa".
El delegado ha planteado este asunto en la reunión, pero, según ha dicho, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo al respecto.
Oficina de atención a los desahuciados
La delegada de Equidad, Empleo y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha celebrado la creación de un mecanismo para que las personas que se enfrentan a un desahucio "sean atendidas con el tiempo necesario", porque cuando el Consistorio lo conoce "el día de antes o el mismo día es muy, muy complicado buscar una solución".
En paralelo a la firma del convenio, el Ayuntamiento ha propuesto crear una oficina de "atención a las personas que van a sufrir un desahucio" que ofrezca sus servicios en los juzgados encargados de decidir en estos casos, para que los jueces puedan derivar directamente a ella a los interesados.
Con esa idea, ha apuntado Higueras, el Consistorio desea fomentar que los ciudadanos "vayan a los servicios sociales" y facilitar la labor "a los jueces que tienen que pensar dónde derivan a la gente".
Esta propuesta requeriría el visto bueno del Gobierno regional, dado que es el responsable de la organización de los espacios judiciales.
Además, Higueras ha lamentado que la Comunidad de Madrid dispone de "un parque de viviendas muy escaso para el número de personas que demandan vivienda", y ha apuntado que durante los últimos días se han formado largas colas en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para obtener una de las 288 viviendas en alquiler social que el Ayuntamiento ha sacado a adjudicación. Preguntada por el número de desahucios que se producen actualmente en Madrid, la edil ha afirmado que, en los últimos tres meses, el Samur-Emergencias Madrid ha participado en entre 2,5 y 3 levantamientos al día.
Según los datos facilitados en enero por el concejal Javier Barbero de los acompañamientos de la Policía Municipal a los lanzamientos, al menos 12.000 familias han sido desahuciadas en la capital desde el año 2015, cuando la alcaldesa Manuela Carmena accedió a la Alcaldía.
La visión de la FMM y de la Comunidad
La alcaldesa de Aranjuez y vicepresidente de la FMM, Cristina Moreno, ha subrayado que los municipios de menor tamaño tienen "las manos atadas" en materia de vivienda y unos servicios sociales frecuentemente "mancomunados", por lo que estima "absolutamente imprescindible" un marco de colaboración en el que intervengan la Comunidad y el CGPJ.
El vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, ha señalado que el acuerdo "va a permitir establecer un lugar de encuentro para abordar situaciones que tienen que ver con el impago", y ha añadido, por otro lado, que el Gobierno está reformando actualmente "150 viviendas" para incorporarlas a su parque de vivienda.
