La digitalización y el teletrabajo reducen los casos pendientes en la Audiencia de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid avanza en la digilitalización ante un previsible incremento de la litigiosidad derivada de la pandemia, especialmente en lo mercantil, tras un año 2020 en el que el número de asuntos sin resolver mejoró por la reducción de casos tramitados y por las herramientas telemáticas.

Así lo ha explicado este jueves el presidente de la audiencia madrileña, Juan Pablo González, al presentar la Memoria Anual de 2020 del órgano colegiado más grande de España, con 141 magistrados de 31 secciones que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de los juzgados civiles y penales y celebran juicios.

En 2020 el número de asuntos civiles tramitados en este órgano descendió un 16,8 % y los asuntos penales bajaron un 17,5 %, mientras que la pendencia o número de asuntos pendientes de resolver se redujo un 17,99 % en lo Civil y un 17,44 % en lo Penal, ha subrayado el presidente.

Esta bajada en los asuntos pendientes se debe al descenso en el número de casos ingresados y también a la digitalización y el teletrabajo.

La "lentitud de la justicia"

"Existe un estereotipo de lentitud de la justicia y sería deseable que fuera más ágil, pero estos datos rompen el estereotipo", ha dicho González, que ha subrayado que las cifras de Madrid son de las mejores si se comparan con el resto de España y de Europa.

En este sentido ha abogado por acometer reformas procesales para simplificar la tramitación de los procedimientos y "reducir los recursos artificiales y temerarios que no tienen un verdadero contenido y que requieren muchísimo esfuerzo de todos".

Una nueva sección para 'cláusulas suelo'

Ha alertado de que en el ámbito mercantil hay "un número ingente de asuntos como las cláusulas suelo", con unas 50.000 ó 60.000 demandas que "saturan" el sistema, motivo por el que se pone en marcha una nueva sección y un plan para reducir el tiempo de respuesta en estos asuntos mercantiles, de manera que se resuelvan en un plazo de cuatro o cinco meses como ocurre en lo civil.