La patronal catalana reclama el pasaporte Covid para trabajar

Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, defiende suspender de empleo y sueldo a los trabajadores que no quieran vacunarse o no hacerse pruebas antiCovid. Países como Italia ya han adoptado este tipo de medidas con mucha polémica. El Gobierno catalán, de momento, las descarta.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha pedido que "se suspenda el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su sueldo" si no aporta el pasaporte Covid -que acredita la pauta completa de vacunación- o pruebas que demuestren que tienen bajo riesgo de contagiar, como un test de antígenos con resultado negativo.

En una entrevista a Rac1, Ginesta ha defendido que esta medida "no limita los derechos individuales", sino que fortalece los colectivos y el interés común, y favorece que los centros de trabajo sean espacios de bajo contagio. Ha propuesto establecer un mecanismo de control a través de una aplicación móvil que "verifique el estado de la persona" porque, según él, unos 350.000 trabajadores catalanes no están vacunados.

Según Pimec, unos 350.000 trabajadores catalanes no están vacunados

Para Ginesta, esta medida, junto con la de facilitar que los centros de trabajo sean espacios de vacunación, conforma un "incentivo" para que los trabajadores se vacunen y conseguir así una inmunidad de grupo más amplia.

Ha asegurado que en algunos países teletrabajar no exime de vacunarse y que los trabajadores que no quieren recibir la vacuna tienen que sufragarse sus pruebas de detección, que tienen una validez de entre 48 y 72 horas, dependiendo del tipo.

Al ser cuestionado por esta propuesta, el conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, la ha descartado.

El conseller cree que la obligatoriedad de la vacunación "sería contraproducente" y ha reivindicado que España se encuentra entre los países con una cobertura vacunal más elevada, por lo que a su parecer no es necesario que sea obligatoria.

Además, ha recalcado que Cataluña no dispone de las competencias para que la vacunación pase a ser obligatoria aunque ha estimado que desde el Ministerio de Sanidad tampoco consideran necesario obligar a la ciudadanía a vacunarse.