La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico. Atrás quedan 7 años de instrucción que abrió la juez Alaya en 2011.
La denuncia de unos empresarios de Mercasevilla destapó un fraude en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis y prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado, los llamados "Intrusos".
680 millones de euros, es lo que la Fiscalía calcula que salió de las arcas públicas "sin ningún control" para ayudar a empresas en crisis.
6.096 trabajadores que recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones en el periodo investigado (2000-2010), aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.
Un macrojuicio de 152 sesiones con 21 acusados y una sentencia que pone en jaque 10 años de gobierno socialista en Andalucía. Por delante quedan 186 causas pendientes derivadas de esta.
