Se retrasa a este miércoles el juicio por la venta de 1.860 viviendas de la EMVS

El juicio por la venta en 2013 de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, durante el Gobierno de Ana Botella (PP), que tendría que haberse iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid se ha retrasado hasta este miércoles al no haber acudido una acusación particular por causas médicas.

Este martes la Audiencia Provincial iba a acoger el juicio en el que están procesados el consejero delegado de la EMVS en 2013, Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, Alfonso Benavides.

Sin embargo, según ha explicado el letrado de los afectados, Mariano Benítez de Lugo, no ha acudido un miembro de la asociación que defiende (Asociación de Afectados por la venta de la EMVS) que se personó particularmente en el proceso, por lo que la vista oral se retrasa hasta este miércoles.

Antes de entrar a la Audiencia Provincial, Benítez de Lugo ha señalado que "se va a contemplar y analizar" por el tribunal "la infame operación de venta de 1.860 viviendas" a un "fondo de inversión americano" por un "precio ridículo", y sobre el papel de la exalcaldesa Ana Botella ha agregado que creen que "tuvo bastante responsabilidad".

"Fue bastante chocante, incluso contrario a derecho, que la ponente de la sentencia del Tribunal de Cuentas fuera doña Margarita Mariscal, que había sido ministra de Justicia con José María Aznar", ha apostillado.

Oslé y Benavides, y Fidere como responsable civil, están procesados por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos y se sientan en el banquillo a partir de este miércoles tras el retraso del juicio debido a la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía no acusa en este caso a ninguno de los investigados, al entender que no incurrieron en delito, pero la acusación ejercida por los perjudicados solicita para cada uno de ellos ocho años de cárcel por fraude y malversación de caudales públicos y ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

En este caso, en diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa Ana Botella y a seis de sus ediles a pagar 22,7 millones de euros por vender las viviendas a Fidere de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio.

El tribunal consideró que las 18 promociones de vivienda, enajenadas por 128 millones, se vendieron por debajo del precio contable (159 millones) y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros, además de asegurar que no se promovió "una verdadera concurrencia".Sin embargo, el 17 de julio de 2019 el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que condenaba a Botella y a los miembros de su equipo, absolución que fue confirmada el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo.Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que "lo mejor es dejar que se desarrolle" el juicio y ha prometido "asumir la resolución judicial que se dicte" en el proceso.