El sector del metal de Cádiz vuelve a la normalidad tras ratificarse el acuerdo que ha puesto fin a la huelga

Las industrial del metal de Cádiz han recuperado este jueves la normalidad, una vez que los trabajadores han ratificado el acuerdo suscrito anoche entre los sindicatos y la patronal, con el que se ha puesto fin a una huelga que ha generado disturbios en las ciudades y en polígonos industriales de la provincia durante nueve días.

Los trabajadores han vuelto a sus puestos, con la "herida" de que su lucha por mantener el poder adquisitivo les hará perder una media de entre 600 y 700 euros en su próxima nómina, según fuentes sindicales.

"A los trabajadores nunca nos regalaron nada. No vamos a vender nuestros derechos", ha afirmado hoy el secretario provincial de Industria de CCOO, Juan Linares, uno de los negociadores de este acuerdo, junto con su homólogo de la UGT, Antonio Montoro.

Linares se ha mostrado satisfecho del acuerdo alcanzado, pero se ha quejado de que haya sido necesario "un camino bastante duro" hasta conseguir su objetivo de que los salarios se equiparen con el incremento del índice de precios al consumo (IPC) interanual.

Para ello se arbitra un mecanismo por el que para el 2021, el 2022 y el 2023 se fija un incremento fijo a tablas del 2 %. Una vez conocido el IPC real interanual de cada ejercicio, si superarse el 2 % se actualizarán las tablas salariales anualmente con el 80 % de la diferencia entre el IPC real mencionado y el 2 %.

El porcentaje restante de la diferencia incrementará a tablas el 1 de enero del 2024, como base del siguiente convenio colectivo.

La fórmula, a la que se ha llegado tras cuatro reuniones que suman 31 horas de negociación

Además de por el mecanismo que han pactado para que los salarios se revisen conforme al IPC, el acuerdo incluye la creación de una comisión para su seguimiento, integrada por ocho personas, cuatro por la parte empresarial y cuatro por la social, dos de UGT y dos de CCOO, con invitación a participar a representantes de la Inspección de Trabajo, la Consejería de Empleo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo estatal.