El tribunal que juzga la 'caja B' del PP aplaza el juicio por enfermedad hasta el martes 16 de febrero

En la Audiencia Nacional, segunda jornada del juicio sobre el destino de la caja B del PP que hoy se ha suspendido hasta el martes que viene por enfermedad de Cristóbal Páez, uno de los acusados, que padece coronavirus. En la jornada de este martes, la Fiscalía ha rechazado, en este momento procesal, que se produzca un careo entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, tal y como solicitaba la defensa de Bárcenas.

El presidente el tribunal acordó este martes la suspensión de la vista hasta el próximo martes, 16 de febrero, en espera de que el exgerente del partido Cristóbal Páez se recupere de la infección de coronavirus que padece y que ha impedido su presencia en las primeras jornadas. La reanudación queda pendiente de la evolución del enfermo, cuya defensa deberá comunicar su situación el próximo lunes.

A partir de ese momento, se decidirá si se reanuda el juicio con las declaraciones de los acusados que comenzarán con la comparecencia de Luis Bárcenas. En principio, las sesiones previstas para la próxima semana se desarrollarán el martes y el miércoles, pero el tribunal no descarta reestructurar las sesiones para recuperar las que se han perdido.

En esta segunda sesión del juicio, el fiscal, Antonio Romeral, consideró que es "prematuro aventurar un careo" entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, como solicitó ayer el letrado del extesorero, puesto que ni siquiera se sabe en este momento si habrá contradicciones entre ellos.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó limitar el objeto del juicio y rechazó la personación de las acusaciones populares en el caso de los supuestos delitos fiscales en los que no existe acusación ni de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado y descartó, por errónea, “la prescripción del delito sobre la declaración del IVA” correspondiente al ejercicio 2010 del que se acusa a Unifica, la empresa encargada de remodelar la sede nacional del PP.

El abogado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación popular en representación del Observatorio DESC, anunció su renuncia a 72 testigos de los propuestos para agilizar el juicio, entre ellos la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Según dijo, es importante que el extesorero declare sin sentirse “amenazado o condicionado emocionalmente” y por ello renuncia a la declaración de su mujer, que “no aporta nada en este caso”.

Los abogados de las acusaciones populares, sin excepción, respondieron hoy con dureza al letrado que representa al PP, Jesús Santos, que ayer dijo que sus estrategias perseguían fines “espurios” y el desgaste político del adversario. Le han recordado que ahora el PP denuncia falta de legitimización de las acusaciones populares después de que el propio PP fuera expulsado del caso 'Gürtel'. "Estamos defendiendo un interés general”, aseguró Boye.

Precisamente, Jesús Santos era esta mañana centro de atención a su llegada a la Audiencia Nacional, tras la publicación por varios medios de comunicación de informaciones que le colocan como enviado del Partido Popular para intermediar con Bárcenas. Según esas informaciones, el abogado se habría reunido en más de una decena de ocasiones con un íntimo amigo del extesorero, Agustín de Diego, al que supuestamente transmitió tranquilidad sobre el futuro de Rosalía Iglesias.

Los contactos se habrían producido en 2017, tras conocerse la sentencia por la primera etapa de la trama 'Gürtel'. La persona que presentó a ambos negociadores fue el actual consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Al respecto, el presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes que "no ha habido ninguna negociación" con el extesorero del PP Luis Bárcenas. En declaraciones a Rac1, Casado ha subrayado que, en aquel momento, López -cuando ejerció de intermediario entre el abogado del PP y el citado empresario- no tenía relación con los populares y ha afirmado que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo, "incluso en pleitos de orden civil". "Lo que Enrique López cuenta a mí me encaja", ha señalado el líder de los populares, que ha insistido en que "no ha habido ninguna negociación" con Bárcenas y ha dado dos razones al respecto.

Casado ha dicho no haber hablado "nunca" con Bárcenas, a quien ha llamado "delincuente" y "chorizo" y ha subrayado su voluntad de "ejemplaridad" y de "regeneración", es decir, de "pasar página de cualquier irregularidad" que el partido haya podido cometer en el pasado. "Si alguien ha hecho algo mal tendrá consecuencias", pero también ha indicado que "resarcirá" a quien sea declarado inocente.

El PSOE exige saber qué ha negociado el PP con Bárcenas, al que quieren citar de los primeros en la comisión 'Kitchen', al tiempo que no cierran la puerta a incluir también a Casado en una segunda ronda de comparecencias. Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas ha hecho hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas".

Unidas Podemos ha asegurado que "la mayor prueba de que el PP de Luis Bárcenas es el mismo PP de Pablo Casado es Enrique López", y ha acusado al actual dirigente del PP de "trabajar ya" para este partido "cuando era magistrado en la Audiencia Nacional". Los diputados de Unidas Podemos Enrique Santiago y Jaume Asens han pedido este martes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado."Es la mano derecha de Casado y por tanto la mayor prueba de que el PP de Casado tenía algo que ver con Bárcenas", ha recalcado Asens.

El juicio por el caso de los papeles de Bárcenas arrancó el lunes en la Audiencia Nacional. Se juzga el pago de una parte de las obras de la sede nacional del PP con dinero negro procedente de la ‘caja b’ que manejaba el extesorero.

La Fiscalía ha sido también la diana de duras críticas de las acusaciones populares. El abogado que representa a IU, Juan Moreno, ha llegado a decir que la actuación del Ministerio público ha sido “timorata” por no incluir delitos que las acusaciones consideran que se cometieron a costa de la contabilidad paralela del PP. A su juicio, el delito contra la Hacienda Pública es un ilícito de naturaleza colectiva que justifica la presencia en este caso de las acusaciones populares, aun sin que exista la acusación de la Fiscalía.