Baleares prohíbe el turismo de borrachera

El gobierno balear ha aprobado un decreto pionero en Europa que prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y que contempla la expulsión de todos los hoteles de Baleares de los turistas que practiquen el "balconing" y multas en este caso de hasta 60.000 euros.

El decreto ley prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas (el llamado "pubcrawling"), las "happy hours", los "2x1" ó "3x1", los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas.

Las bebidas deberán cobrarse a un precio unitario, sin posibilidad de promoción alguna y en los hoteles y restaurantes de estas tres zonas solo se podrán ofrecer a los clientes tres bebidas alcohólicas por persona en comidas y cenas.

Los turistas que practiquen o permitan el "balconing" -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados.

Además, este nuevo decreto ley limita las fiestas en embarcaciones en la costa denominadas "party boats": se suspende la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses y los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas, que son las consideradas "más calientes" del turismo de borrachera de Baleares.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha presentado esta nueva norma que pretende "combatir el turismo de excesos", fomentar el civismo y promocionar Baleares como un destino de calidad en el mundo.

El decreto ley tiene una vigencia de 5 años y se aplicará de manera inmediata. La norma respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.

La nueva normativa prohíbe las prácticas peligrosas para la vida y la integridad física de las personas en los establecimientos turísticos de las islas, con un régimen sancionador que pone un acento especial en las faltas graves y muy graves.