Bruselas da el primer paso para imponer un tope flexible al precio del gas

La Comisión Europea dio este martes el primer paso para imponer un tope flexible del precio en las compras de gas natural como respuesta a los desorbitados precios de la energía por la guerra rusa en Ucrania, aunque todavía está sujeto al visto bueno de las capitales.

La medida será evaluada por los líderes esta semana y posteriormente por los ministros de Energía en reuniones posteriores, y, si los Veintisiete den luz verde, los servicios comunitarios pulirían los detalles técnicos de la iniciativa.

"Esto supondrá un alivio para los precios negociados en la UE y es algo que podrá ser efectivo de forma inmediata en cuanto hayamos desarrollado nuestras propuestas", expresó en una rueda de prensa la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, acompañada de la comisaria de Energía, Kadri Simson, quien aseguró que su departamento podría tener "rápido" un proyecto legislativo.

En concreto, establecería un "límite dinámico del precio" temporal para las transacciones en el mercado TTF Dutch, de forma que estarían prohibidas aquellas que superen el techo fijado, que será flexible.

Su vigencia finalizaría en primavera, cuando se pueda poner en marcha un índice de referencia alterativo al TTF, que está vinculado estrechamente a la cotización del gas por gasoducto y que no recoge adecuadamente el precio de los envíos de gas natural licuado (GNL).

EL MODELO IBÉRICO, A LA ESPERA

Aunque Bruselas se mostraba recientemente dispuesta a desarrollar un mecanismo similar a la excepción ibérica para limitar el precio del gas dentro del mercado de la electricidad en toda la UE, la propuesta de normativa presentada hoy no incluye ninguna iniciativa en esta dirección.

Von der Leyen explicó que se trata de una medida que "merece la pena considerar", pero también apuntó que genera una serie de dudas que es necesario "resolver" antes de dar el paso de plantear un proyecto de normativa.

En primer lugar, la compensación que tendría que pagarse a las centrales de gas (la diferencia entre el precio real de hidrocarburo y el precio limitado), podría generar desequilibrios en el bloque porque los países que utilizan mayoritariamente este recurso en su mix energético tendrían que pagar más que aquellos con mayor peso de renovables y nuclear.

Y en segundo lugar, habría que encontrar formas de evitar que el menor precio no impulsase exportaciones de electricidad a vecinos como Reino Unido o los Balcanes que impliquen un mayor consumo de gas para producir electricidad.

COMPRAS CONJUNTAS Y SOLIDARIDAD

Mientras las autoridades comunitarias trabajan en estas cuestiones "abiertas", la nueva batería de la Comisión sí recoge la propuesta de obligar a los Estados miembros a comprar de forma conjunta el 15% del gas necesario para llenar sus depósitos en el invierno 2023-2024.

Esto supondría, según Simson, adquirir 13.500 millones de metros cúbicos de gas con una plataforma europea de compra, una cifra que es equivalente al consumo combinado de Grecia, Bulgaria, Croacia y Eslovenia.

Además, Bruselas propone reglas estandarizadas de solidaridad entre Estados miembros en casos de emergencia en el suministro de gas, complementadas con un reparto centralizado de las reservas del hidrocarburo entre los países afectados a un precio fijado por la normativa.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario sugiere nuevas ideas para reducir de manera "proactiva" el consumo "no esencial" de gas, por ejemplo limitando el uso de calefacción en exteriores o la climatización en piscinas privadas.

APOYO A LA LIQUIDEZ

La Comisión ha adoptado además medidas para aliviar los problemas de liquidez que están sufriendo algunas empresas energéticas debido al aumento de precios, que conlleva un incremento del colateral que tienen que aportar para cubrir el riesgo de sus contratos con derivados energéticos, algo que normalmente hacen en efectivo.

Por un lado, ampliará durante un año el abanico de activos elegibles para constituir estos colchones de modo que podrán usarse también avales estatales y bancarios y, por otro, eleva de 3.000 a 4.000 millones de euros el umbral a partir del cual las empresas energéticas que negocian con derivados extrabursátiles tienen que aportar estas garantías.

“Lo que proponemos hoy supondrá una diferencia real para los operadores y mercados energéticos y, en el corto y medio plazo, ayudará a aliviar la presión sobre consumidores y empresas que experimentan subidas de precios, pero al mismo tiempo seguimos vigilando la estabilidad financiera”, dijo la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.