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El vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, Pere Aragonès, ha firmado este viernes el decreto de aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, que se posponen hasta el 30 de mayo, con la previsión de introducir modificaciones, por ejemplo, en el censo electoral. Así lo han anunciado Aragonès y la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, en una comparecencia conjunta en la que no se han admitido preguntas de los periodistas, tras una reunión extraordinaria del Govern para aprobar el decreto que deja sin efecto la celebración de las elecciones el 14 de febrero.

Después de que este mediodía la mesa de partidos catalanes haya validado -con la única oposición del PSC- la propuesta del Govern de retrasar los comicios al 30 de mayo, Aragonès ha pedido al conjunto de fuerzas parlamentarias "responsabilidad" para "aislar la pandemia de la disputa electoral" y evitar "cálculos electorales".

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Aragonès ha asegurado que el Govern lo tenía "todo a punto" para celebrar las elecciones el 14F, pero mantener esa fecha en medio de una tercera ola de la pandemia que "está superando todas las previsiones" suponía un "riesgo inasumible a nivel sanitario". "Nos hemos visto obligados a tomar la decisión de trasladar las elecciones a la primavera, en un contexto que prevemos que será más favorable a nivel epidemiológico", ha argumentado Aragonès, que se ha mostrado dispuesto a "comparecer las veces que haga falta" ante la diputación permanente del Parlament en los próximos meses.

Miquel Iceta, primer secretario del PSC | REDACCIÓN

El aplazamiento electoral, sin embargo, deja aún numerosas incógnitas que podrían provocar en los próximos días que la pugna política por esta nueva fecha se traslade a los tribunales.

De hecho, a la salida de la cumbre celebrada en el Parlament, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha evitado adelantar si su partido impugnará el decreto de aplazamiento, porque antes quiere leerlo con atención y comprobar si solo "cambian la fecha de las elecciones" o también "las reglas de juego", reabriendo los trámites ya cerrados del proceso electoral en curso y permitiendo modificar las listas presentadas, algo que consideraría "ilegal".

En su comparecencia sin preguntas, Budó ha avanzado que en los próximos días el Govern detallará "cómo se configura todo el calendario electoral y los cambios y modificaciones que se tendrán que producir". Por ejemplo, ha dicho, "es una evidencia que habrá que modificar el censo electoral", si bien "la voluntad del Govern es facilitar al máximo todos los procedimientos ya realizados con las convalidaciones de actos que sean necesarias".