Citan como investigados a siete concejales del Gobierno de Móstoles por el caso ITV

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado a declarar en calidad de investigados a siete concejales del Gobierno municipal de Móstoles (una de ellas ya jubilada) por un presunto delito de malversación y prevaricación al condonar una deuda de 2,45 millones de euros a ITV Móstoles S.L.

El proceso viene propiciado por una querella de Más Madrid, y la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ya fue citada a declarar el pasado 18 de noviembre, al igual que quien fuera concejal de Hacienda cuando ocurrieron los hechos denunciados, el también socialista Aitor Perlines.

En este caso, la juez María Pinto cita a declarar, el 16 de febrero de 2022, al primer teniente de alcalde, David Muñoz; a la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; al concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y a la concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.

A su vez, el 28 de febrero de 2022 irán a declarar la concejala de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, ahora jubilada, Beatriz Benavides; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez.

Fuentes del Gobierno mostoleño han reafirmado a Efe que a su juicio "se trata de una querella política". "Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado", han sostenido.

La misma postura expuso el pasado 18 de noviembre la alcaldesa, que declaró entonces a los medios: "Simplemente decir que confío en la Justicia, es una querella política y se aclarará en breve. No voy a entrar en nada más".

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, fue interpuesta en febrero pasado por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento "perdonó el cobro de las tasas" que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.

En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al "mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero" que atendieron "al interés de la empresa privada" y no al de la administración pública.

"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años", añadían en su escrito.

Además, según los concejales de la formación, dicha decisión, presuntamente ilegal, fue tomada "a pesar de la existencia de dos informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento", cargos que fueron cesados con posterioridad al hecho, en mayo pasado.