La Comisión de Educación elimina el castellano como lengua vehicular

La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, ha votado a favor este jueves de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.

La enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC que ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 en contra y 1 abstención (PNV), suprime de la ley educativa (Disposición Adicional 38) la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como de "lenguas vehiculares" tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, quedaría así: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

De este modo, la enmienda pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

El proyecto de reforma inicial no recogía en un principio esta opción.

La iniciativa pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC ha suscitado la polémica entre el resto de fuerzas parlamentarias. De hecho, el PP, Cs y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la denominada 'ley Celaá', en caso de que finalmente incluya la supresión del castellano como lengua vehicular.

Tras la Ponencia, el portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Educación del Congreso, Joan Mena, ha destacado que "es un paso importante para Cataluña y para el conjunto del Estado, que da pasos firmes en reconocimiento del plurilingüismo y de la plurinacionalidad".

Retirar el concierto a aquellos centros que "segreguen" a los alumnos por sexo

Igualmente, ha salido adelante otra enmienda transaccional entre el PSOE, Podemos y ERC, por 20 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención, para prohibir que en la educación concertada se pueda segregar a los alumnos por sexo.

Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar el concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

"Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género", recoge el texto de la enmienda transaccional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el texto ahonda en que los centros deberán "necesariamente incluir y justificar" en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para "hacer realidad la igualdad".

Igualmente, se han aprobado otras dos enmiendas transaccionadas entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC. Una de ellas permitirá que no haya cesión de suelo público para centros que no sean de titularidad pública, una "práctica muy habitual en la Comunidad de Madrid" así como en la Comunidad Valenciana, según ha anunciado el portavoz de Unidas. "Lo que garantizamos es que el suelo público solo se cederá para las escuelas públicas, evitando el privilegio que tenían algunas escuelas privadas", ha dicho.

La Ponencia de este jueves ha sido la quinta y última. Este grupo de trabajo, que ha analizado un total de 1.168 enmiendas al proyecto, presentará ahora un dictamen a la Comisión de Educación del Congreso, que aprobará o rechazará dicho dictamen, y donde se votarán también las enmiendas que mantengan vivas los grupos parlamentarios que no han conseguido consenso en la Ponencia.

Después, este dictamen será sometido a votación en el Pleno del Congreso, además de las enmiendas que quedaron sin aprobar anteriormente, para pasar después al Senado y, de ahí al Congreso de nuevo, donde se aprobaría finalmente la ley.