El PP denuncia "presiones" de Sánchez a los "fiscales" para atacar a Ayuso

La Fiscal de Madrid, María de la O Silva denuncia las presiones que está recibiendo del Fiscal General del Estado para no investigar las querellas de los abogados del novio de Ayuso y el Colegio de Abogados contra la Fiscalía por filtrar datos privados.

En un escrito remitido a la número dos de Garcia Ortiz, Maria de la O Silva exige que le dejen trabajar sin presiones.

La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles dividida por el enfrentamiento entre la 'número dos' de la Fiscalía --la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde-- y la fiscal María de la O Silva sobre si hay que investigar a dos compañeros por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa con datos de correos intercambiados con el abogado de Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar a la Junta de Fiscales de Sala.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha celebrado que algunas fiscales "se resistan a las presiones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Esta tarde hemos conocido a través de la prensa nuevas filtraciones con más detalles del acuerdo de conformidad alcanzado entre los abogados de Gonzalez Amador y la Fiscalía para evitar ir a juicio

La pareja de Ayuso, el abogado Alberto G.A. propuso a Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar más de medio millón para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental, según consta en la propuesta de conformidad penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que "acepta íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021" y su "autoría" como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente SL.

Tras esta información, fuentes cercanas a los abogados de Alberto G.A. han apuntado que "ya es más que evidente que los datos privados de un ciudadano se están filtrando desde la Fiscalía". "Una cacería que nunca se ha visto", señalan las mismas fuentes, que recuerdan que "la filtración está penada con cárcel".