Forcadell admite su desobediencia al Constitucional

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reconocido que no atendió las advertencias del Tribunal Constitucional ni de los letrados de la cámara catalana respecto al 1-O "para no censurar el debate parlamentario", pero ha negado que dirigiera "ninguna estrategia" hacia la independencia de Cataluña.

Sobre Forcadell pesa una acusación de rebelión de la Fiscalía, de hasta 17 años de prisión, su interrogatorio ante la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha estado protagonizado por su rol como máxima representante del Parlament a la hora de tramitar iniciativas que ignoraban al Constitucional, más que por alusiones a la violencia, que marcan el tipo de la rebelión.

Forcadell no ha escondido que su prioridad era "favorecer el debate" y "no permitir que entre la censura en el Parlament". "El Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa del Parlament en un órgano censor, que decida de lo que se puede hablar y de lo que no?", ha dicho la acusada, quien en todo momento ha limitado sus competencias a un papel de arbitraje frente a la soberanía de la cámara catalana. Nada, ha dicho, salvo el respeto a los derechos humanos, puede condicionar ni poner límites a la libertad de expresión ni al debate parlamentario, ni las sentencias del Constitucional ni los informes de los letrados de la cámara que, ha matizado, no son vinculantes.

El Constitucional, ha dicho, se ha politizado, una afirmación convertida ya en un eslogan en este juicio para justificar la desobediencia a sus advertencias. Ella recibió cinco.

Forcadell, en prisión desde marzo, se ha desmarcado por completo de cualquier plan hacia la independencia, para echar por tierra el relato de la Fiscalía, que ve en Forcadell a la líder del pilar legislativo que da soporte a la hoja de ruta independentista. "Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament", ha manifestado Forcadell, única acusada que no ha sido cuestionada por el documento Enfocats, pese a aparecer citada en él, y a la que menos alusiones a la violencia ha hecho la Fiscalía.

Aunque sí que ha dejado claro lo siguiente: "Estoy dispuesta a renunciar a mis convicciones si comportan violencia".

Forcadell no ha despejado el enigma de la procedencia de las urnas del 1-O: "No lo sabe nadie, me gustaría saberlo".

Y de la misma forma se ha adherido al pensamiento unánime del resto de acusados de que la Declaración Unilateral de Independencia carece de consecuencias jurídicas pues el preámbulo de la resolución del 27-O, que aludía a la declaración unilateral de independencia, no se votó, solo se leyó.

Si Forcadell ha defendido insistentemente el papel del Parlament que ella presidía como órgano "soberano", horas antes Jordi Cuixart ha dirigido sus esfuerzos a reivindicar el talante pacífico de la sociedad catalana, en cuyo ADN, ha dicho, no está presente la violencia.

Forcadell recurre al Tribunal de Estrasburgo su prisión provisional

Antes de esta declaración, la letrada de la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha anunciado este martes a las puertas del Tribunal Supremo que su equipo jurídico ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el auto del Tribunal Supremo y las resolución posterior del Tribunal Constitucional que mantienen a su representada en prisión provisional.

De este modo, Forcadell se convierte en la primera de los acusados por el proceso independentista de 2017 en acudir a la instancia con sede en Estrasburgo, si bien es conocida la intención del resto de acabar recurriendo al este tribunal de garantías, cosa que solo es posible una vez se ha agotado la vía judicial en España.

Este miércoles comienzan las testificales

El juicio prosigue este miércoles con las declaraciones de los testigos más relevantes, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dos miembros de su gabinete: Soraya Saénz de Santamaría y Cristóbal Montoro; además del expresident Artur Mas.