Vídeo: REDACCIÓN / AGENCIAS | Foto:Telemadrid
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El ataúd con los restos de Francisco Franco saldrá de la basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares, sin banderas ni honores militares, y posteriormente será trasladado en un helicóptero Superpuma de las Fuerzas Armadas hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Todo está preparado ya para la exhumación que se llevará a cabo el próximo jueves, 24 de octubre, a las 10.30 horas.

Toda la operación de exhumación, traslado e inhumación tiene un coste que el Gobierno calcula en 63.061,40 euros.

Un helicóptero Super Puma del Ala 48 del Ejército del Aire, con base en Cuatro Vientos (Madrid), perteneciente al Escuadrón 402, que habitualmente se utiliza para el transporte de personalidades y autoridades del Estadoque ya se encuentra en el Valle de los Caídos y será utilizado este jueves, si el tiempo lo permite, para el traslado de los restos del dictador Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio para su reinhumación en un panteón de la familia Franco junto a los restos de su mujer, Carmen Polo.

La losa, de 1.500 kilos, se levantará mediante cuatro gatos hidráulicos y un rodillo que permitirá apartarla a un lado. Los técnicos calculan que todo el proceso dure aproximadamente una hora, aunque podría demorarse más.

Tanto la exhumación como la reinhumación se llevarán a cabo en la intimidad, en presencia de sus allegados, 22 familiares que han mostrado su deseo de asistir, entre nietos y bisnietos del dictador.

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estará presente durante la exhumación, el traslado y el entierro de Franco en su condición de notaria mayor del Reino.

El Gobierno instalará un escáner y un detector de metales para que ni la familia pueda grabar la exhumación de Franco. Como medida de seguridad adicional, se levantará una carpa sobre la tumba del dictador en la Basílica del Valle a la que sólo podrán acceder dos familiares, los operarios que participen en los trabajos (entre cuatro y seis), un forense y las autoridades del Estado presentes.

No se abrirá la caja de zinc que guarda el cuerpo del dictador si se mantiene, como se espera, en buen estado. A petición de la familia, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, bendecirá los restos cuando estos salgan de la carpa, pero ningún monje más benedictino podrá estar presente en el interior de la Basílica en ese momento.

El Ejecutivo rechazó los honores militares como jefe de Estado que pidió la familia.

Si el tiempo no permite el traslado por vía aérea, este se hará por carretera. En el traslado acompañará al féretro, en representación de la familia, su nieto Francis Franco.

Misa y símbolos, solo en Mingorrubio

Ya en Mingorrubio, y dentro de lo que el Gobierno entiende como una ceremonia íntima de enterramiento, a petición de la familia habrá una misa que oficiarán el prior Cantera y el sacerdote Tejero, hijo del militar golpista del 23-F.

En el interior del panteón la familia sí que podrá cubrir el ataúd con las banderas o elementos que quiera. Y es que el Ejecutivo subraya que ese espacio es un panteón familiar, aunque la titularidad del edificio sea de Patrimonio del Estado.

TVE en régimen de pool retransmitirá la señal desde la explanada del Valle, ya que al resto de medios de comunicación sólo se les permitirá estar en la puerta de entrada al Valle. Lo mismo ocurrirá en Mingorrubio, dónde sólo TVE y fotógrafos de EFE podrán aproximarse al panteón.

Se han reforzado también las medidas de seguridad en el cementerio de Mingorrubio con sensores de presencia, cámaras de seguridad y una reja reforzada, de modo que el Gobierno confía en que la Policía Nacional pueda retirarse físicamente del lugar en un tiempo.

El panteón, en el que ya se encuentra la esposa de Franco, Carmen Polo, es propiedad de Patrimonio del Estado a través de una concesión. El Gobierno ha ofrecido la venta de esta concesión a la familia, que la ha rechazado.

El Ejecutivo considera que con este procedimiento da cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007, a la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los diputados en 2017 y a los acuerdos adoptados posteriormente por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en 2019.