¿Fue el Fiscal General del Estado quien ordenó la filtración del informe sobre la pareja de Ayuso?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este viernes con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, por la polémica en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el encuentro se ha producido a instancias del fiscal general para aclarar varias cuestiones tras el comunicado emitido este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.

Tras la reunión, el Consejo General de la Abogacía ha aprobado una declaración institucional en la que condena la difusión de comunicaciones entre la defensa de un investigado y el fiscal por suponer "una clara vulneración de la garantía de confidencialidad" y exige que se estudie su autoría para "iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda".

En el seno de la propia Fiscalía, califican de gravísimo lo ocurrido y apuntan a que de ser el Fiscal general del Estado la persona que dio orden de difundir la nota con las conversaciones secretas entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso, su dimisión debería ser inmediata.

Cuando se publicó el comunicado de prensa de la Fiscalía este jueves, el decano del Colegio de Abogados de Madrid llamó a la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, para quejarse de la actuación del Ministerio Fiscal ante la revelación de conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso.

La polémica arranca con la nota difundida la víspera por la Fiscalía de Madrid que confirma que "el único pacto de conformidad" con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero.

La Fiscalía aclara en la nota su actuación en relación con la denuncia que interpuso el 20 de febrero en los juzgados contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla.

REACCIONES EN LA PROFESIÓN

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha exigido la "inmediata dimisión" de García Ortiz, al considerar que las actuaciones del Ministerio Fiscal relacionadas con la denuncia de la pareja Díaz Ayuso, dañan gravemente su prestigio.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado este viernes su "rotundo apoyo" a la Fiscalía de Madrid tras la polémica abierta en torno a la denuncia a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y han pedido no "instrumentalizar" a la institución en la "lucha político-mediática".

Ya este viernes, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha calificado de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

Por ello, ha avanzado que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes, de cuyo contenido informará después en una rueda de prensa, ha dicho a EFE la institución.

El Consejo General de la Abogacía, por su parte, también ha pedido la inmediata constitución de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española, para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad.