Las víctimas de accidentes de tráfico tendrán que tributar en el IRPF por las indemnizaciones
La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil advierte de los perjuicios para las víctimas
El Gobierno aprobó una modificación el pasado 15 de diciembre que obligará a los accidentados a pagar a un notario o a Hacienda parte de lo que reciban. Antes las indemnizaciones estaban exentas de pagar el IRPF.
La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alerta de que en la disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, se incluye una modificación en el IRPF que supondría un grave impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones.
Según detalla la asociación, en la citada disposición, "de forma escondida, se realiza una importante" modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, "que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras".
"No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente", apuntaba Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
En este sentido, Castellanos ponía de relieve que, desde el punto de vista fiscal, "las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente".
Además obligaría a que en los acuerdos amistosos que ahora son gratuitos tendrían que intervenir un mediador y un notario, con los respectivos honorarios.
Fuentes del Ministerio de Justicia indican que ya estudian las observaciones realizadas al respecto. Recuerdan asimismo que de momento el Anteproyecto está siendo analizado por el Consejo de Estado, y que se sigue dando audiencia a todos los sectores de la sociedad civil afectados por la reforma. En este sentido, apuntan que se estudiará con detenimiento la cuestión ante la preocupación de las víctimas de accidentes.
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