La Justicia obliga a reabrir el Parlamento británico tras la suspensión de Johnson

El Parlamento británico reabrirá sus puertas este miércoles, después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial del país, haya anulado el cierre de cinco semanas que ordenó el primer ministro, el conservador Boris Johnson.

Once magistrados del Supremo, presidido por Brenda Hale, dictaminaron por unanimidad que la suspensión de las dos cámaras legislativas que se inició el 9 de septiembre, y estaba prevista hasta el 14 de octubre, fue "nula y sin efecto".

Los jueces resolvieron que "la decisión de aconsejar a Su Majestad (la reina Isabel II) que prorrogara el Parlamento fue ilegal".

La decisión dio la razón a la empresaria Gina Miller y al grupo de parlamentarios escoceses que alegaban que Johnson trataba de silenciar al poder legislativo en la recta final del proceso del "brexit".

Poco después de conocerse la resolución judicial, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, convocó a los diputados mañana a las 10.30 GMT.

Se trata de un golpe a la estrategia del primer ministro, que se verá obligado a regresar antes de lo previsto de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para asistir a la sesión parlamentaria.

Johnson expresó su "profundo desacuerdo" con la decisión judicial, mientras que un portavoz de Downing Street, su despacho oficial, aseguró que no tiene intención de dimitir, como han reclamado las fuerzas de la oposición.

El mandatario conservador recalcó que su objetivo continúa siendo sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, incluso si no ha podido consensuar antes unos términos de salida con Bruselas. "Lo más importante es que sigamos adelante y materialicemos el 'brexit' el 31 de octubre. Claramente, quienes presentaron este caso ante la justicia están determinados a frustrarlo. Sería muy desafortunado si el Parlamento hiciera más difícil ese objetivo, que es lo que la gente quiere", declaró.

El jefe de Gobierno no cuenta con una mayoría en la Cámara de los Comunes y los diputados se han posicionado en repetidas ocasiones en contra de un "brexit" sin acuerdo, que amenaza con dañar la economía del Reino Unido.

Antes de que el Parlamento quedara suspendido, se aprobó una ley que obliga al Gobierno a pedir una prórroga a la salida de la UE si no se ha ratificado un pacto el 19 de octubre, si bien Johnson ha asegurado que no prevé pedir una extensión en ningún caso.

La sentencia de hoy modificó asimismo los planes del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que preveía clausurar mañana el congreso anual de su formación. Su intervención se adelantó sin embargo a esta tarde para poder asistir el miércoles a la sesión parlamentaria. Corbyn se mostró partidario de unas elecciones generales adelantadas, tal como reclama Johnson, pero mantuvo por ahora el bloqueo a la convocatoria de unos comicios hasta que se haya descartado por completo la posibilidad de un "brexit" sin acuerdo.

El laborista no abordó en su discurso la posibilidad de convocar una moción de censura contra el primer ministro.

La decisión del Supremo volvió a situar en la primera página de los medios británicos a la empresaria Gina Miller, que inició el proceso legal en Inglaterra que ha llevado al fallo del tribunal. Miller, de 54 años, ya ganó en 2017 un litigio para obligar al Ejecutivo a pedir permiso al Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanismo que puso en marcha la ruptura británica con la Unión Europea.

La empresaria ha vuelto a liderar un proceso judicial contra el Ejecutivo, a pesar de que en los últimos dos años ha sido víctima de numerosas amenazas por parte de partidarios del "brexit" y ha tenido que contratar seguridad privada.

La decisión de hoy "confirma que somos una nación gobernada por el imperio de la ley, por unas normas sobre las que nadie está por encima, ni siquiera el primer ministro", declaró Miller a las puertas del Supremo tras el fallo.

La resolución del órgano judicial que preside la magistrada Brenda Hale, de 74 años, es especialmente relevante en un país sin constitución escrita porque podrá ser citada de ahora en adelante como jurisprudencia en procesos similares.

La sentencia ha puesto asimismo el foco mediático sobre Brenda Hale, que en 2017 fue la primera mujer que accedió a la presidencia del Supremo británico. Hale ha roto diversas barreras durante su carrera, como la de ser la primera mujer que fue nombrada miembro de la llamada Comisión Legal, un cuerpo independiente del Gobierno que analiza la vigencia y corrección de la legislación británica.