La jueza indaga si González Amador incurrió en otros delitos en sus negocios con Quirón
- La juez Inmaculada Iglesias ha estimado parcialmente un recurso del PSOE y Más Madrid y abre una pieza separada
La magistrada que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acordado ampliar la causa para indagar si pudo incurrir en otros delitos mediante la utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.
En un auto adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid estima un recurso de las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y el PSOE y acuerda investigar en una pieza separada si el empresario pudo incurrir en más delitos aparte de fraude a Hacienda y falsedad documental.
La jueza alude a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, y su cliente Quirón Prevención S.L.
El objetivo, explica la jueza, sería "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona" y así generar unas "bases imponibles negativas a compensar para el futuro".
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La jueza no especifica en su resolución qué posibles delitos investigará en la pieza separada, si bien recalca que la Abogacía del Estado entiende que "en la simulación subjetiva de ese negocio jurídico" podría haber "una administración desleal", y que la acusación también apunta a un posible delito de corrupción en los negocios.
Según la tesis de la acusación popular, este supuesto contrato de cesión "es inverosímil y resulta inexplicable. Pese a ser el destinatario de los servicios y quien los iba a pagar, Quirón habría aceptado que ambas empresas decidiesen libremente quién presta cada uno de los servicios, sin recoger en el contrato ninguna previsión específica en cuanto a los honorarios.
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Esta acusación también pone el foco en el "importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman", en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención, y entiende "que podría tratarse de una contraprestación" por la adjudicación de unos contratos o por una operación en la que Maxwell Cremona intermedió en favor de otra sociedad de la que era consejero el presidente de Quirón Prevención.
El informe de la Agencia Tributaria, recuerda también la jueza, aludía a que la pandemia "supuso una oportunidad de negocio" para la empresa de González Amador, "que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad", si bien "no se produjo un incremento de su tributación (...), consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".
