La patronal catalana pide a partidos y parlamentos que recurran en el TC el impuesto sobre grandes fortunas de Sánchez
- Considera que vulnera la autonomía de las Comunidades, provoca inseguridad jurídica y tiene un carácter confiscatorio
Foment de Treball anunció este martes que iniciará una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y los distintos parlamentos autonómicos para hacerles llegar un informe del bufete Roca Junyent que, según la patronal catalana, demuestra la inconstitucionalidad del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo anunció el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa convocada para explicar ante los medios los motivos que explican que el impuesto aprobado por el Gobierno se desalinea de la Constitución.
Para Foment, el impuesto de solidaridad vulnera la autonomía de las comunidades, así como la seguridad jurídica y la capacidad económica de los contribuyentes. Además, considera que tiene un carácter confiscatorio. Sin embargo, Sánchez Llibre recomendó a las personas con patrimonios netos superiores a los tres millones de euros recurrir este impuesto extraordinario una vez que lo hayan pagado.
En esta línea se expresó Manuel Silva, socio consultor de Roca Junyent. En primer lugar, defendió que el impuesto vulnera el artículo 156 de la Constitución al sustituir las funciones del Impuesto sobre el Patrimonio en “una especie de igualación” entre territorios, pero adjudicándose la recaudación de este nuevo gravamen a costa de las comunidades.
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Asimismo, considera que el hecho de que haya sido aprobado a través de una enmienda –que no se puede enmendar por otros grupos parlamentarios– a una proposición de ley –que no requiere de informes de los órganos consultivos ni audiencia pública– es una falta “de respeto a la Constitución” y una “instrumentalización” de los grupos parlamentarios para “saltarse” los instrumentos de control legislativos, lo que se traduce en una vulneración del principio de seguridad jurídica.
Por último, Silva opinó que el Gobierno ha vulnerado también el principio de previsibilidad y de confianza legítima, ya que este gravamen ha sido “imprevisto”, no estaba recogido en el plan normativo del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se materializó apenas unos días antes de su entrada en vigor –que coincide con el inicio del año natural–.
Con este razonamiento, Foment iniciará a partir de este martes una serie de entrevistas con todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso y los parlamentos autonómicos para instarles a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que son ellos los que tienen competencias para impugnar el impuesto.
Asimismo, Sánchez Llibre avanzó que compartirán este documento con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sin prejuicio de las conclusiones que la patronal liderada por Antonio Garamendi presentó la semana pasada. “Habrá dos dictámenes […] la diversidad nos da fuerza”, apostilló.
