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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles en una moción de urgencia, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, suspender los expedientes sancionadores en trámite por incumplimientos durante el primer estado de alarma e iniciar de oficio la devolución de los ingresos indebidos por estas sanciones cobradas por el Ayuntamiento.

En principio, no hará lo propio respecto a las sanciones que hayan adquirido firmeza dado que "así mismo lo indica" la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el confinamiento del primer estado de alarma.

Declarado inconstitucional el confinamiento general del primer estado de alarma

Lo ha explicado la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en el pleno de este miércoles, donde se ha aprobado con el respaldo del PP y Cs una moción de urgencia de Vox que pedía, entre otros aspectos, "suspender la iniciación de expedientes sancionadores" por vulnerar ese primer estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020).

No afectaría a lo que ya es firme, esté pagado y no esté recurrido en su momento

El Consistorio, ha indicado Sanz, quiere "estudiar con calma esa sentencia" para examinar exactamente qué implica. No obstante, tras una "primera aproximación" al fallo, el Ayuntamiento entiende que dispone la revisión de los procedimientos sancionadores "que estén en curso" y en los que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, "resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad".

"Lo que ya es firme o ya esté pagado y no esté recurrido en su momento y no tenga plazo de recurso, pues evidentemente no parece que pueda haber una revisión por parte de la administración, porque así mismo lo indica la sentencia", ha agregado Sanz.

El PP y Cs han enmendado en este sentido la iniciativa de Vox para circunscribir la capacidad de actuación del Ayuntamiento a los términos que marca la sentencia, puesto que Vox quería que se iniciaran de oficio los expedientes de devolución de todas las multas cobradas por el Ayuntamiento al amparo del estado de alarma.

La portavoz ha advertido de que, en cualquier caso, la casuística a analizar es amplia y podría dar lugar a distintas situaciones.

Fuentes municipales han precisado a Efe que hay unas 39.000 multas del Ayuntamiento susceptibles de verse afectadas por la anulación del estado de alarma, de las que aproximadamente 33.000 han sido notificadas y 5.700 pagadas, aunque se desconoce cuántas de estas son aún recurribles.

Sanz ha aprovechado para criticar tanto el "galáctico" varapalo judicial recibido por el Gobierno de Pedro Sánchez como su "ataque furibundo" contra el Constitucional porque al presidente "no le ha gustado la sentencia". "Nos han embarcado a todos los españoles y a todas las administraciones españolas en su despropósito", ha subrayado Sanz, quien augura que el segundo estado de alarma "va a ir por el mismo camino" y ha apostillado que el instrumento del estado de excepción habría salvado "las mismas vidas" y además "habría sido legal".

El Constitucional, sobre el estado de alarma: Debe ser temporal y constantemente fiscalizado

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado al Gobierno de actuar "de manera inconstitucional" y decretando "un estado de excepción encubierto", y le ha recordado que "las formas, en democracia, son muy importantes".

El Gobierno mantiene las críticas a la Justicia por declarar ilegal el estado de alarma

Tanto Más Madrid como el PSOE han votado en contra de la iniciativa, y la portavoz del primer grupo, Rita Maestre, ha criticado la utilización del pleno municipal para emprender "un ataque constante y permanente" contra Sánchez. Por su parte, Espinar ha cuestionado que los letrados municipales vayan a ponerse a trabajar "a favor de aquellos que se saltaron el estado de alarma", poniendo en riesgo al resto de la ciudadanía.

Nia, la primera beneficiada por la sentencia del Constitucional contra el estado de alarma

Esta semana, un juzgado de Madrid ha anulado la sanción de 601 euros que el Ayuntamiento impuso a una menor por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia, en la primera sentencia que se conoce en este sentido después de que el Constitucional declarara nulo el confinamiento del primer estado de alarma.