Podemos, ERC y PNV creen que problema de la ley del 'si es si' es la interpretación judicial

Unidas Podemos, PNV y ERC han coincidido en asegurar que el problema de la reducción de penas no es por la ley del solo sí es sí sino por la interpretación que hacen de ella los jueces y el PSOE ha abogado por dejar que tribunales y fiscalía puedan estudiar con detenimiento las sentencias.

Lo han manifestado durante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en la que ha comparecido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha insistido en criticar la interpretación que los jueces hacen de la norma.

La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí", ha supuesto que los tribunales revisen a la baja las sentencias de algunos condenados.

Rodríguez ha dicho que no le cabe duda de que el Poder Judicial está lleno de "feministas demócratas" y hombres que "quieren hacer las cosas bien" aunque ha añadido: "Creo que hay excepciones y es nuestra obligación señalarlas. Ojalá cada vez el machismo se una cuestión más residual".

"¿Alguien pensaba que por aprobar la reforma se iba a acabar la justicia patriarcal? No somos tan ingenuas, acaba de empezar la pelea", ha dicho la secretaria de Estado que ha incidido en la necesidad de que los jueces se formen.

Desde el grupo socialista, Fuensanta Lima ha destacado que la ley fue aprobada democráticamente y ha pedido dejar el tiempo suficiente para que tribunales y Fiscalía estudien "con detenimiento" las diferentes sentencias pero ha señalado que desde el Gobierno harán lo que tengan que hacer para que no se acorten las penas.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha opinado, por su parte, que todas las interpretaciones en sede judicial "suelen ser contra la víctima cuando se trata de violencia machista" y ha asegurado que si el Gobierno opta por mejorar la norma para asegurar que las penas no se rebajan, ERC no se opondrá.

Vallugera ha reiterado que la "incultura democrática de los jueces tiene el componente político" del "ataque y derribo" a los que trabajan para garantizar la libertad sexual de las mujeres.

Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha insistido también en esa idea y ha añadido que el problema es la "interpretación y sesgos machistas" que operan en la judicatura.

Por su parte, Joseba Agirretxea, del PNV, ha valorado la ley de solo sí es sí y ha señalado que si hay que revisarla, se revisará pero no "con un procedimiento de titulares" sino desde "el sosiego" y "la verdad". No ha alcanzado a escoger las palabras que califican las sentencias conocidas y las decisiones de algunos jueces pero ha añadido que "no es un problema de la ley sino de su interpretación".

En la comisión, tanto PP como Vox han tildado la ley de "fracaso" y de "indefendible". Ha sido la diputada popular Rosa María Romero la que le ha pedido a Rodríguez que retirara "todas las descalificaciones contra los jueces" y ha recordado que el PP ya advirtió al Gobierno de que "algo tan serio como esto podía ocurrir y está ocurriendo ya" en referencia a la reducción de condenas.

Y Josep Pagés, de Junts, ha abundado en que el gran logro de la ley debe permanecer "intacto e inalterable" pero ha mostrado su preocupación por el goteo de sentencias que interpretan la norma de forma "improcedente".

Rosell defiende las críticas a los jueces por reducir penas por la Ley 'solo sí es sí': "Es parte del juego democrático"

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial haya condenado los "intolerables ataques" contra jueces por las revisiones de pena que han hecho ya algunos jueces debido a la entrada en vigor de la Ley 'solo sí es sí'.

"Esto no es intolerable, es parte del juego democrático", ha sentenciado este miércoles Rosell en una entrevista en Cuatro, en la que ha defendido que las sentencias judiciales "tienen que estar sometidas a críticas", al igual que "lo está el Parlamento, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Poder Judicial".

En este punto, la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha advertido de que el Parlamento y el Ejecutivo "reciben muchas críticas, algunas fundadas y otras infundadas". Por su parte, el presidente de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha agradecido al CGPJ "que haya salido en defensa de lo que, efectivamente, es un ataque político".

"No es de recibo es arremeter contra todos los jueces diciendo que nos falta formación, que somos machistas y que esto es un heteropatriarcado judicial que está disminuyendo los derechos y garantías de las mujeres", ha remarcado Portillo.

Para el presidente de la asociación de jueces, las declaraciones de dirigentes de Podemos "no es una crítica a una resolución judicial, es un ataque al Poder Judicial porque está aplicando la ley que ellos les han dado, pero no la manera que ellos querrían que se aplicase".

El PSOE afirma que advirtió a Podemos del riesgo de rebajas de penas a agresores

El PSOE responsabiliza a Unidas Podemos de la nuevas penas para los delitos sexuales incluidas en la ley del solo sí es sí, que ha derivado en rebajas de condenas ya dictadas, y aseguran desde el partido que ya advirtieron a su socio de gobierno de que eso podía suceder.

Fuentes socialistas lamentan la "cabezonería" de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad y que prevalecieran sus tesis. En el partido están especialmente molestos porque afirmaran con rotundidad que no iba a pasar nada y porque ahora se acusen de machismo a jueces y abogados. Y más porque no lo están haciendo desde el partido, sino desde la sede del Ministerio de Igualdad.

Lamentan que sea una jueza, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, quien esté cargando contra la judicatura y defienden también el trabajo de los abogados, que están en su derecho de pedir revisiones de condenas para sus clientes.

Las fuentes consultadas insisten en que advirtieron a su socio tanto en público como en privado, en las negociaciones internas, y recuerdan que también avisó de los riesgos el Consejo General del Poder Judicial, cuyo informe fue desestimado en gran medida porque no era vinculante.