Puigdemont: "No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que luchará para poder volver en libertad y que no lo hará "ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente", en alusión implícita al magistrado Pablo Llarena.

Lo ha dicho en un mensaje telemático después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) haya eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán pero lo haya mantenido por los delitos de desobediencia y malversación.

Rodeado de una urna con el escudo de la Generalitat y un cuadro con un mapa de Cataluña, Puigdemont ha destacado que quiere "librar la batalla europea hasta el final", pese a admitir que puede no tener el resultado esperado.

La defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont cree que la nueva resolución dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena demuestra que hay "ánimo persecutorio" contra el líder independentista huido de la Justicia, al tiempo que ha advertido de que ve en el texto una crítica abierta al poder legislativo que "deroga la reforma de malversación".

"No deja de ser un auto preocupante porque es una crítica abierta al poder legislativo, con incluso descalificaciones, y la conclusión a la que llegamos es que hoy el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de la malversación en la forma en la que han decidido aplicarla", ha asegurado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaraciones a los medios en Bruselas.

En su valoración, el letrado ha querido recordar que en 2018 el Tribunal alemán que rechazó entregar a Puigdemont a la Justicia española por el delito de sedición sí aceptó tramitar su extradición por malversación, pero que fue el propio Llarena quien no aceptó esas condiciones.

Por ello, Boye considera que el cambio ahora apunta a falta de coherencia por parte del Supremo y sostiene que no alterará la estrategia de defensa del expresidente catalán y los dos exconsellers también reclamados, Toni Comín y Clara Ponsatí, en tanto en cuanto siempre han defendido que el delito de sedición no se correspondía con ningún delito en otros países de la UE.

"El problema que tiene el juez Llarena no es un problema de tipo penal, es un problema de derechos fundamentales y es un problema de persecución política", ha remachado, antes de ironizar con que pareciera una escena de "Groucho Marx" en la que dicen tener "estos delitos y si no le gustan tengo estos otros".

En todo caso, Boye ha insistido en que la estrategia de defensa se apoya fundamentalmente en demostrar "persecución política" contra los procesados y que éstos tienen "inmunidad en toda la Unión Europea" por su condición de eurodiputados.

La defensa de Puigdemont espera que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie entre febrero y marzo sobre el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de tramitar los suplicatorios para que sus respectivas inmunidades fueran suspendidas y puedan ser juzgados en España.

A juicio de Boye, Llarena "vuelve a vulnerar" la inmunidad de los tres políticos independentistas con la resolución de este jueves por emitir una orden nacional de detención para las que "no tiene autorización".

En todo caso, el abogado también ha asegurado que los tres volverán a España si la Justicia europea les da la razón y les devuelve las inmunidades, pero ha rechazado poner fecha al regreso porque, ha insistido, es algo que dependerá tanto de la sentencia europea como de la decisión personal de los reclamados."Nosotros hemos estructurado una línea de defensa que pasa por la obtención de esa sentencia y a partir de esa sentencia el regreso", ha resumido.