Simón sostiene que el 8-M tuvo un efecto "marginal" y no teme ser investigado

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha decidido imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Prado, y le cita a declarar el próximo 5 de junio por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma. Entre esas protestas destaca la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigar a Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Se trata, por tanto, de esclarecer si desoyó las recomendaciones de las instituciones y organizaciones sanitarias, en especial del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que ya a principios del mes de marzo alertaba del riesgo de contagio, tal y como recoger la denuncia interpuesta por un particular.

El pasado mes de abril, la jueza acordó circunscribir la investigación al delegado del Gobierno de Madrid a un presunto delito de prevaricación y retirar el delito de lesiones por imprudencia profesional después de recibir un informe forense en el que hace constar que no se ha podido acreditar una relación de causalidad entre asistir a la manifestación y contraer el coronavirus.

La denuncia hace hincapié en que la manifestación multitudinaria del 8 de marzo contravenía la recomendación del citado centro europeo de control, que fue difundida el día 2 de marzo.

El director del Centro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, sostenía esta tarde que la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid tuvo "un efecto muy marginal" en la expansión de los contagios por coronavirus en esas fechas y ha asegurado no tener "ningún temor" a que la justicia decida investigarle como consecuencia de alguna de las denuncias y querellas presentadas hasta la fecha contra su persona.Esta manifestación también podría estar en el fondo de la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, por "pérdida de confianza" al no haber comunicado, según fuentes cercanas al instituto armado, que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha defendido la actuación del coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando en calidad de policía judicial investigó la manifestación feminista del 8-M. "Se abrió una investigación judicial por los acontecimientos del 8M, la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid que dirige el coronel, con órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad. Al Coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez", señala APROGC en un comunicado en el que critican el "alarde de despotismo" del Ministerio de Interior. "Quizás quiere alguien que sirva de 'aviso a navegantes'. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente".

Los grupos parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos han solicitado este lunes la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare esta destitución.