El rector de la URJC reconoce llamadas “reiteradas” de Educación pidiendo las actas del máster de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, afirmó este viernes en el juicio que se sigue en la Audiencia de Madrid por el llamado `caso máster´ que afecta a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que basó su aval a la realización del curso en los datos y documentos que le remitió el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que se cerró tras el escándalo.

Ramos aseguró no haber participado de ningún modo en la creación del acta falsificada y dijo que el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, le llamó de forma "reiterada" para pedir la documentación del curso.

Tras publicarse el escándalo en 'elDiario.es', el rector solicitó información a Álvarez Conde, que le aseguró que todo estaba en orden y que él tenía todas las actas acreditativas y el Trabajo Fin de Máster de Cifuentes.

Insistió en su declaración como testigo en que nunca mintió a conciencia, sólo se fio de los datos y documentos que le hizo llegar el catedrático Álvarez Conde. Se sumó así a los testimonios de acusados y testigos que señalaron, a lo largo de las dos sesiones del juicio celebradas hasta ahora, al director del Instituto como único responsable de la manipulación del expediente de Cifuentes. Se da la circunstancia de que el profesor falleció en 2019 y el tribunal no podrá oír su versión.

En un primer momento, Ramos avaló la versión Cifuentes y Álvarez Conde, pero cuando la profesora Alicia López de los Mozos declaró que su firma en el acta que certifica la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster estaba falsificada, decidió abrir una investigación interna en la Universidad y denunciar unos presuntos hechos delictivos.

"Nadie me pidió que dijera cosas que no fueran verdad. Simplemente se me dio una información e intentamos reconstruir unos hechos. Después de la rueda de prensa, yo ya no hice más indagaciones porque en las universidades no las hace el rector, las hace la inspección de servicios".

Susana Galera declaró también este viernes como testigo. Impartió tres asignaturas del máster que supuestamente cursó Cifuentes, dos de ellas de manera compartida con otros docentes y una en solitario. En ésta última, aseguró haber calificado la asignatura, “pero no hice el acta”. A preguntas de la fiscalía, la docente dijo no saber quién confeccionó el acta, pero aseguró haber transmitido su calificación a la secretaría del máster que llevaba Cecilia Rosado, también acusada en esta causa y autora confesa de la falsificación del acta.

A la profesora no le constaba, en su momento, que ninguno de los alumnos del máster tuviera licencia para no acudir a clase, ni tampoco que se hubieran convalidado asignaturas. Dos ventajas que, según Cifuentes, le habían sido autorizadas de manera verbal por Álvarez Conde.

Galera aseguró, tajante, que no calificó a Cifuentes porque no le hizo llegar trabajo alguno. No la recuerda ni como alumna presencial ni por haberle enviado ningún trabajo. Es más, dijo, “miré mis actas y comprobé con sorpresa que las actas tenían 12 rectificaciones. En todos mis años estoy segura de no haber pedido nunca 12 rectificaciones de notas de golpe”.

Por su parte, Pilar Trinidad, que inspeccionó la investigación interna de la Universidad, declaró que las actas correspondientes a las calificaciones de Cifuentes y al TFM no constaban en los servicios centrales de la Universidad Rey Juan Carlos.