Vídeo: REDACCIÓN / AGENCIAS | Foto:Telemadrid
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La Comunidad de Madrid prepara una ofensiva legal contra la ocupación.

Quiere recuperar los 65 millones de euros que inquilinos mororos y ‘okupas’ deben a la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Una agencia que cuenta con casi 50.000 inmuebles de los que 10.000 están okupados de forma ilegal.

A las familias vulnerables les ofrecerá facilidades de pago.

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid asegura que “lo que queremos es que aquellas familias vulnerables que tienen necesidad de verdad de ellas, accedan a esas viviendas”.

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“No podemos permitir que haya personas que con una patada en la puerta puedan entrar a ocupar esas viviendas sociales”, sostenía la consejera madrileña de Vivienda.