Los testigos confirman las llamadas de la Delegación para desconvocar manifestaciones pero niegan presiones

Los testigos que han comparecido este jueves por la tarde ante la juez del 'caso 8-M' han confirmado que la Delegación del Gobierno en Madrid les llamó para pedirles que desconvocaran las concentraciones que tenían previstas celebrar después del 11 de marzo de 2020 por motivos sanitarios derivados de la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, han negado que en estas comunicaciones se les presionaran para cancelar los actos de protesta.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado para este jueves a un total de 15 testigos en la causa en la que se investiga el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo.

Por la mañana han prestado declaración 8 testigos, cinco de ellos trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de distintas concentraciones. Todos ellos han ratificado sus declaraciones ante la Policía Judicial. Se trata del jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; las auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.

También han prestado declaración esta mañana un representante del sector de Construcción y Servicios de CCOO, Javier Gómez Ochoa; el miembro de Anonymus for the voiceless Animal Save, Antonio García Edwards, y el presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri Izquierdo.

Por la tarde ha sido el turno de 7 promotores de concentraciones a los que llamaron desde la Delegación del Gobierno en Madrid para instarles a cancelar sus convocatorias por razones sanitarias.

Los testigos han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial pero han asegurado ante la magistrada que no interpretaron las llamadas como una orden, sino más bien como una "sugerencia" por la crisis sanitaria.

Las fechas sobre las llamadas preventivas por covid-19 cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco durante su declaración como investigado, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.

Hasta ese momento, la línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado pasaba por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo, víspera de la declaración del estado de alarma.

Por otra parte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han entregado en plazo los informes demandados por la juez Rodríguez-Medel en el que se les requería sobre eventos colectivos, de carácter público o privado, que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida afirmaba esta mañana que colaborarían con la Justicia prestando todo el apoyo demandado y argumentaba no tener "ningún temor ni ningún miedo a que se puedan producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid".