La nueva ley de vivienda no gusta al mercado inmobiliario
El control de los precios de los alquileres sólo se aplicará en las comunidades autónomas que lo pidan, asegura el Gobierno
PSOE y Unidas Podemos asumen finalmente la intervención de los alquileres.
La proyectada ley obligará a los grandes propietarios a bajar los alquileres y se les retirarán beneficios fiscales.
Los pequeños propietarios tendrán desgravaciones fiscales hasta el 90% si bajan el alquiler.
Las viviendas vacías podrían tener un recargo de hasta el 150% en el IBI.
La comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismo para limitar los precios de los alquileres que va poner a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros junto a la portavoz, Isabel Rodríguez.
Aunque esta segunda norma, la de vivienda, todavía no tiene fecha de aprobación, Bolaños sí ha dejado claro este martes que respetará las competencias autonómicas y municipales. Así, ha puesto de ejemplo que el recargo en el IBI que se planteará para viviendas vacías sólo se aplicará en los ayuntamientos que lo pidan.
Y del mismo modo, será las comunidades que lo deseen las que deberán solicitar la declaración de una zona tensionada de mercado, para poder intervenir los precios de los alquileres con los mecanismos disponibles que se definan en la norma.
Los empresarios ya han respondido con preocupación. Aseguran que lo aprobado provocará inseguridad jurídica y falta de confianza.
Pequeños y grandes propietarios creen que es una injerencia sobre la propiedad privada.
Lo que se conoce hasta ahora no gusta al mercado inmobiliario. Consideran que puede crear el efecto contrario, al perseguido.
Barcelona es el ejemplo, donde no ha funcionado el tope en el precio del alquiler.
Abogan por una ley que haga florecer producto nuevo en alquiler y que no intervengan en los precios.
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