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El juez Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal de la Audiencia de Sevilla que ha juzgado la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), cifra en la sentencia en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, para atender estas ayudas, mediante "el mecanismo inadecuado" de las transferencias de financiación, desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, sumando las cantidades consignadas originariamente y los incrementos derivados de modificaciones presupuestarias.

Una de las preguntas más repetidas ahora es ¿qué pasa con ese dinero? ¿se va devolver?

Se trata de ayudas de la Junta de Andalucía para el pago de falsas prejubilaciones. En total 680 millones de euros.

De momento la Junta habría devuelto menos del 1 por ciento. Y la tarea parece imposible, por la alta cuantía y por la insolvencia de algunos de los condenados.

De esa factura, el peor año fue el penúltimo 2008, con más de 94 millones.

El caso va para largo. Faltan aún más de 150 juicios pendientes y 500 investigados.