AVT y Dignidad y Justicia se niegan a compartir el homenaje a Miguel Ángel Blanco con Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pacta con Bildu la polémica Ley de Memoria Democrática en la misma semana que anuncia que acudirá al homenaje a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato y secuestro se cumplirán 25 años el próximo 13 de julio.

La AVT y Dignidad y Justicia dicen que si va Sánchez, ellos no acudirán al entender que se apoya en los herederos de ETA para gobernar.

Consideran que Sánchez ‘humilla a las víctimas’

Las asociaciones de víctimas del terrorismo AVT y Dignidad y Justicia anuncian así que no acudirán al homenaje que el próximo domingo 10 de julio se desarrollará en Ermua en memoria del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen 25 años. No quieren coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que entienden que se apoya en los herederos de ETA para gobernar, lo que es una humillación a las víctimas.

Este mes de julio, el Gobierno aprobará la nueva Ley de Memoria Democrática, que han pactado con Bildu y otros partidos independentistas. La norma declara ilegal el franquismo y extiende hasta 1983 el reconocimiento a sus víctimas.

Sánchez asume así la tesis de Podemos. Desde la AVT sostienen también que el presidente asume el relato proetarra de que hubo una guerra en el País Vasco.

La discusión con Podemos de hace seis años

Hace 6 años, Pedro Sánchez protagonizaba un enconado rifirrafe parlamentario con Pablo Iglesias a cuenta de Felipe González y el GAL. El entonces líder de Podemos se encaraba con Sánchez.

"Felipe González tenía «el pasado manchado de cal viva» Era la cruda alusión al asesinato de Lasa y Zabala, uno de los crímenes más sonados de los GAL, que revolvió a la bancada socialista.

Sánchez defendía entonces al primer presidente socialista de la democracia. Ahora da un giro al pactar con Bildu enmiendas a la futura ley de Memoria Democrática. Enmiendas que asumen el relato expresado entonces por el líder de Podemos.

En la nueva Ley, el Gobierno acepta declarar «ilegal» al régimen franquista y sus juicios, y extiende el revisionismo hasta 1983. De tal manera que por ejemplo, los crímenes de Lasa y Zabala podrían ser calificados como ilegales y sus familiares podrían pedir incluso indemnizaciones al Estado.