Abogados de toda España reclaman en Madrid poder acceder al régimen de autónomos para tener una pensión digna

Abogados y procuradores vuelven a tomar las calles de Madrid en una nueva protesta ante, dicen, la falta de propuestas razonables y eficaces del Gobierno. Reclaman una jubilación digna.

Los profesionales se han movilizado mediante el Movimiento #J2 para reivindicar al Ministerio una "pasarela voluntaria" al régimen de autónomos (RETA) que permita jubilaciones dignas para estos profesionales, que se sienten discriminados frente a otros colectivos. Una pasarela con la que se les compute todos los años cotizados en la mutualidad.

Son más de 60.000 profesionales que supondrían una recaudación de 300 millones de euros.

Convocados por el colectivo J2 ante el Colegio de Abogados de Madrid, posteriormente se han trasladado ante la sede del Ministerio, donde han proclamado su indignación ante la imposibilidad de trasladarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Estos profesionales estaban inicialmente obligados a cotizar en un régimen alternativo, y aunque posteriormente se habilitó legalmente dicha posibilidad, en la práctica no han podido trasladarse al RETA, al implicar la pérdida total de los fondos aportados a las diversas mutualidades y los años abonados a efectos de aportaciones para sus pensiones de jubilación.

Los asistentes han criticado también la falta de transparencia por parte de las mutualidades de la abogacía, "con la connivencia de muchos colegios de abogados y de los consejos generales".

Este viernes el Ministerio informó de que se va a incluir en el rescate de los fondos o pasarela a aquellos que estuvieran en una mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que en el caso de abogados, la más numerosa de las mutualidades, fue en 2005.

Un portavoz de la Mutualidad de la Abogacía ha señalado que estas medidas "se han anunciado sin que se haya producido un diálogo previo ni consulta" sobre ellas con dicha organización.

La mutualidad ha dirigido varias misivas a la ministra Elma Saiz, de la que esperan "una respuesta certera, concreta y definitiva para el conjunto de los mutualistas", dado que las decisiones que se adopten no solo afectan a los mutualistas alternativos (cerca de 60.000), sino a todos un colectivo formado por más de 210.000 personas.