El Gobierno apunta a la gestión sanitaria público-privada de la Comunidad de Madrid

La ley que prepara la ministra de Sanidad apunta directamente a la gestión sanitaria publico-privada de la Comunidad de Madrid, como ella misma ha reconocido. ¿Qué pasaría si se prohibiera esa colaboración?

En nuestra región estos hospitales son públicos de gestión privada: la Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villalba, El Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el hospital Universitario de Torrejón.

Centros que dan servicio a 1,3 millones de pacientes fruto de su libre elección. Ellos se quedarían sin su hospital, y aumentarían las listas de espera del resto de hospitales.

La consejería de Sanidad cree que se podría producir un bloqueo del sistema sanitario. Fátima Matute es contundente sobre las consecuencias de la ley que plantea la ministra Mónica García. "Se podría producir un bloqueo, de no del sistema sanitario madrileño en sí, sino de todo el sistema sanitario nacional", ha señalado.

Porque este sistema de gestión público-privada está presente en todas las regiones. "Nosotros atendemos a 1,3 millones de pacientes en hospitales de titularidad pública pero de gestión indirecta", matiza Matute.

Cataluña dobla el porcentaje dedicado a esos conciertos. Allí es el 24% del presupuesto en Sanidad, aquí el 12. En cifras, la concertación hospitalaria supone en nuestra región más de 12 millones de consultas, más de 3,5 millones de atenciones en las urgencias hospitalarias o más de 400.000 intervenciones quirúrgicas. Sin conciertos eso supondría "aumentar las listas de espera, aunque la Comunidad de Madrid es la que mejor las lleva, y evitar la libre elección", indica la consejera.

Ello demuestra, dice Fátima Matute, que la colaboración público privada, con unas normas establecidas, fiscalización de gasto y transparencia, es sinónimo de éxito.