Imputado un tercer mando de la Guardia Civil por el llamado caso Cuarteles, ligado al caso Tito Berni

Imputado un tercer mando de la Guardia Civil por el llamado Caso Cuarteles, ligado al caso Tito Berni, y que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras en diferentes comandancias. El nuevo investigado es un comandante de Alicante.

Además de los tres guardias civiles, hay otros dos empresarios imputados. Bajo investigación, contratos por valor de 3 millones de euros, por obras que podrían tener los precios inflados o que ni siquiera podrían haberse realizado.

Mientras, fuentes de la Guardia Civil aseguran a Telemadrid que ven una estrategia del PSOE para desviar la atención de los diputados socialistas que podrían estar involucrados en el caso de Tito Berni, para poner el foco solamente en ellos. El mediador de la trama apuntó a 15 diputados, Patxi López dice que 5 y que no hay caso.

Lo cierto es que desde que estalló el caso, el PSOE trabaja para minimizarlo. Frente a la acusación de Antonio Navarro, el mediador, de que 15 diputados estaban implicados en un presunto tráfico de influencias, el PSOE, a través de Patxi López, rebajó el número a cinco, sentenciando que "no hay caso 'Tito Berni'".

El PP quiere que el ministro del Interior comparezca en el Senado para aclarar si facilitó información a algún cargo del PSOE antes de que si hiciera público el “caso mediador”. También para que explique si ha colaborado con la Justicia en la peritación de obras en cuarteles de la Guardia Civil.

Por su parte, Interior, a través de una nota ha reconocido que lleva un año sin poder designar un perito para investigar las obras fantasmas en doce comandancias licitadas al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, relacionado con el caso, por más de dos millones y medio de euros. Interior que el nombramiento de este profesional es inviable. En el centro de estas adjudicaciones irregulares estarían el cesado jefe de la Guardia Civil de Tenerife, José María Tienda, y el empresario canario.

Al PSOE se le pueden complicar más todavía el asunto ya que Bruselas investiga si existe cualquier vínculo entre el “caso mediador” y fondos europeos.

La comisión que supervisa su reparto ha pedido explicaciones y cree que si ha habido malversación el Gobierno debe remitir el caso a la Fiscalía Europea.